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Tráfico de influencias en gobierno de Cuau

ALBERTO BARRANCO
viernes 01 de febrero 2019, actualizada 11:25 am


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A contrapelo de los parámetros de conducta que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, ya surgió un caso de tráfico de influencias por parte de uno de sus funcionarios, el secretario de Obras Públicas.

A contrapelo de los parámetros de conducta que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, ya surgió un caso de tráfico de influencias por parte de uno de sus funcionarios, el secretario de Obras Públicas.

El asunto involucra dos sentencias de condena a un particular, que le obligan a cubrir un pagaré de más de 31 millones de pesos… cuya firma fue falsificada.

El ilícito fue reivindicado ante la juez de primera instancia por dos peritos avalados por el Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa.

No obstante, la sentencia fue ratificada por un Tribunal Colegiado quien, a contrapelo de la tradicional lentitud, resolvió el caso en menos de un mes, justo en la antesala de las vacaciones decembrinas.

El expediente plantea un Kramer contra Kramer. La demandante Claudia Fabiola Tostado, esposa del secretario de Obras Públicas de Morelos, Fidel Luis Giménez Valdés, es hija del demandado, José María Guadalupe Tostado, quien a sus 73 años se encuentra minado seriamente en su salud.

La querella la atendió la juez segundo Civil de Cuernavaca, Guadalupe Pérez Meza, a cuyo escritorio llegaron los peritajes.

Uno de ellos, firmado por Gisela Cruz Manzano, señala que el pagaré de 31 millones 300 mil pesos fechado el 22 de abril de 2018 "no fue firmado de puño y letra por el demandado, José María Guadalupe Tostado Jiménez, ya que no presenta las mismas similitudes en sus características grafoscópicas con relación a su firma indubitable o auténtica".

A su vez, Leonardo Parente Contreras, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, señala que a simple vista la firma presenta grandes y abundantes diferencias de la auténtica, concluyendo, también que no la plasmó el acusado.

Se trata, dice a la letra, "de una imitación burda y simple".

No obstante, la juez condenó a la víctima al pago de la supuesta deuda.

Apelada la sentencia, la Tercera Sala Civil de Morelos, atendida por los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Manuel Díaz Carbajal y María Idalia Franco Zavaleta, ratificaron por unanimidad el fallo.

Justicia sin sustento.

La pregunta es qué dirá el gobernador de la entidad que llegó con el apoyo de Morena y su bandera de combate a la corrupción.

El Consejo de la Judicatura tiene, a su vez, la palabra.

BALANCE GENERAL

A diferencia de la calificadora de deuda Fitch, Moody's decidió conceder el beneficio de la duda frente a la estrategia del nuevo gobierno para darle viabilidad a Pemex, manteniendo durante el primer semestre del año su calidad crediticia asociada a grado de inversión.

Colocada la degradación de Fitch en la polémica, hay que subrayar que su objetivo es de certeza de pago frente a las deudas adquiridas, que en este caso llegan a 100 mil millones de dólares, cantidad que se acerca peligrosamente al valor de los activos de Pemex, lo que colocaría a la empresa en un escenario de quiebra técnica.

En el marco, se soslaya el que se esté realizando una campaña contra la corrupción, concentrándose la calificadora en la fortaleza de los proyectos y la certeza de la estrategia… digo, según su criterio.

NO, PERO SÍ

Aunque dejó entrever que se revisará el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó desconocer el nombramiento de Héctor Mora Gómez como director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, por cuestiones de carácter político.

En la campaña el ungido había espetado calificativos contra el candidato de Morena tales como "lacra, güey deshonesto, corrupto, animal y cobarde".

El único impedimento, dijo el Ejecutivo, sería que no fuera honesto.

El caso es que Mora Gómez, en la época en que ocupó el mismo cargo, es decir durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, acumuló varias denuncias por corrupción.

Los expedientes se ubican en la Secretaría de la Función Pública.

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