El jueves pasado una camioneta ingresó a una escuela de cadetes en el sur de la ciudad de Bogotá. El vehículo, cargado de explosivos, detonó dentro de las instalaciones. Causó la muerte de 21 personas, 20 cadetes y el conductor del automóvil. Más varias decenas de heridos. Fue hasta este lunes que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó la autoría del ataque. El proceso bélico colombiano continúa. La mesa de diálogo para la salida política del conflicto pasa por momentos críticos.
En el 2016, en pleno cierre de campaña a favor del proceso de paz que diera fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el entonces presidente Juan Manuel Santos fue cuestionado sobre los otros actores armados que seguirían en el escenario colombiano.
En el acto realizado en Cartagena de Indias, las Alabaoras de Bojayá (mujeres afrodescendientes que en su tradición musical acompañan los procesos fúnebres y han convertido su canto en una fuerza política), en una estrofa de su canto de protesta y de esperanza de paz completa, hicieron la pregunta directa a Santos: "y con esos otros grupos díganos qué va a pasar". Pregunta justificada. En el acto por la paz que muchos celebraban se encaminaba el proceso para terminar el conflicto con solo uno de los actores armados del país sudamericano.
La pregunta apuntaba a varios actores, al ELN por un lado, pero también se refiere a grupos paramilitares y a grupos de sicarios cuyos actos debilitan procesos comunitarios de defensa de la tierra y cuidado de la vida frente a intereses económicos internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha informado que, desde la firma de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano en 2016, se han podido constatar 163 asesinatos a líderes sociales y se han denunciado 454 casos de asesinatos selectivos.
Solamente ese dato sirve de muestra de cómo la administración del hoy Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, construyó una retórica de la paz. Promovió los acuerdos con las FRAC-EP como término de todo conflicto armado en Colombia. Desde años antes de la firma de los acuerdos los debates académicos, públicos y en la vida cotidiana el tema central era el posconflicto, ¿cómo vivir después del conflicto armado? Cuando se cuestionaba sobre la presencia de otros actores armados, concretamente sobre la existencia del ELN, muchas veces se minimizaba la capacidad de acción de dicho grupo; otros, eran más sensatos en afirmar que con ellos el proceso para alcanzar una salida pacífica sería mucho más complicada con las FARC-EP.
Desde el inicio de la administración de Iván Duque, en agosto del año pasado, ha mostrado poco interés en continuar con los diálogos en La Habana con el ELN. Después del ataque del jueves pasado, el gobierno colombiano ha ordenado la detención de los integrantes de la mesa de negociación por parte del ELN. Sin embargo, en los acuerdos firmados para llevar a cabo el proceso de construcción de acuerdos existen protocolos para los casos en los que suceda una ruptura abrupta de la negociación. Dichas cláusulas impiden a los países firmantes como garantes (Noruega, Chile y Brasil) atender la petición que hoy hace Duque.
El ELN ha actuado conforme a sus postulados, como una guerrilla que tiene una guerra declarada al Estado colombiano. Ambas partes han faltado, desde antes del atentado del pasado 17 de enero, a los acuerdos que hasta ahora se tienen para la negociación. Lo que no queda claro es si el actual gobierno colombiano actuará conforme a la lógica del Estado de derecho: si frente al aumento de los actos violentos dará a todos sus ciudadanos la certeza de que buscará una salida no violenta para poder garantizar el derecho a la paz.
