La semana pasada se produjeron dos sucesos notables en relación con nuestro Estado y Ciudad, que nos hacen cobrar conciencia de que aún vivimos en el Moreirato, nefasto régimen político al que debemos la actual quiebra económica, institucional y moral de la sociedad coahuilense.
El primer caso, tiene que ver con la demanda de amparo promovida por Humberto Moreira, en contra de autoridades de la justicia mexicana, que tienen a su cargo obsequiar y ejecutar las órdenes de extradición que pudieran existir en su contra. Lo anterior es consistente con la reapertura del caso que existe en España en contra de dicho personaje, por el delito de uso de recursos económicos de procedencia ilícita que enfrentó hace dos años.
De acuerdo a lo acontecido en aquella ocasión, un Juez Español ordenó la detención de Moreira y éste se libró de la acusación, en virtud del apoyo que el gobierno de Enrique Peña Nieto le brindó, en una maniobra que tuvo por objeto evidente, el tapar la ola de corrupción en virtud de la cual, los gobiernos estatales priístas llevaron al PRI de regreso a Los Pinos, en el año dos mil doce.
Dos fueron las vertientes de apoyo del Gobierno Mexicano al inculpado Moreira. La primera por medio de documentación emitida por la Secretaría de Hacienda, que sirvió para justificar al menos en apariencia, la procedencia de los recursos relacionados con la acusación del Juez español y la segunda, a través de la Cancillería Mexicana que se convirtió en gestora de la liberación del acusado a través de nuestra embajada en el país ibérico.
Con tales antecedentes, es fácil concluir que la apertura del caso en España cuya noticia fue filtrada en noviembre pasado, haya dado lugar a que los abogados de Moreira en aquel país, le hayan recomendado la promoción del amparo en México, para evitar la extradición.
Otro acontecimiento se produce con motivo de la renovación de las dirigencias municipales del PRI en Coahuila, entre las que destaca la designación de Eduardo Olmos Castro, como dirigente del Comité Ejecutivo Municipal de dicho partido en Torreón.
La designación revela que hasta hoy los Moreira mantienen el control férreo sobre la estructura priísta local, la cual han ejercido por trece años. La trayectoria de Olmos está marcada con el signo indeleble de los Moreira y en especial de Humberto, que hizo de dicho político diputado local, diputado federal y alcalde de nuestra ciudad, sirviendo como dócil instrumento del moreirato, para lo que en aquellos años fue una verdadera toma de Torreón, como resultado de una perniciosa complicidad entre el gobierno local en turno y el crimen organizado.
Un elemental repaso de lo acontecido nos hace recordar que durante el gobierno municipal de José Ángel Pérez, coincidente con el inicio del primer sexenio de los Moreira, el Gobierno del Estado entremetió a Eduardo Olmos como autoridad intermedia, usurpando funciones que constitucionalmente son propias del Ayuntamiento de Torreón, en amplias áreas de la administración y de la obra pública.
En el renglón de Seguridad Pública, Moreira invadió la competencia del Municipio y dio al traste con el sistema de responsabilidad compartida que existía entre los niveles estatal y municipal desde tiempos de Rogelio Montemayor, lo que culminó ya en tiempos de Eduardo Olmos, con la eliminación del fideicomiso que operaba en ese rubro y en la práctica, en la mengua hasta la casi desaparición, de la Policía Municipal de Torreón.
Durante aquella época desastrosa, la delincuencia organizada tomó no solo el control de nuestras calles, sino de la vida pública entera de nuestra ciudad. La infraestructura urbana básica fue expuesta al saqueo y al vandalismo, los secuestros, desapariciones de personas y homicidios fueron el pan de cada día, hasta que el proyecto político moreirista se consolidó primero con la entronización de Eduardo Olmos como alcalde de Torreón, y después, con la llegada de Moreira Rubén, como el segundo de los Moreira en la Gubernatura de Coahuila. El resto incluido Riquelme, no solo es historia, sino parte de nuestra realidad actual.
