Transparencia. Para transparentar el manejo del Rastro sugieren que se nombre un fiscalizador. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Usuarios del Rastro Municipal de Matamoros, sugirieron que se nombre un fiscalizador y se coloque una caja de la Tesorería Municipal, a fin de controlar los recursos que genera el centro de matanza, pues denuncian que se siguen realizando prácticas irregulares, ya no se reportan los ingresos reales, pues aseguran hay "fuga" de recursos.
Agregaron que desde la pasada administración, se registra la irregularidad y al vigilar los recursos que se generan en el lugar se podría invertir en la mejora, ya que como se sabe, el rastro presenta algunas deficiencias.
Mencionaron que si bien es cierto, existe un encargado del rastro, no se tiene una persona que fiscalice las finanzas de este centro de sacrificio, situación que por mucho tiempo se ha mantenido en las mismas condiciones, por lo que esperan que en esta nueva administración que apenas empieza, se establezcan un control.
Las personas, que por razonez obvias pidieron anonimaeto, dijeron que se les cobra a los introductores un impuesto de 126 pesos por la introducción del animal, en un horario regular de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y en el que aseguran se recibe un promedio de 10 a 15 animales. De ese horario en adelante, el costo es de 326 pesos y entra un promedio de 20 y 30, sin embargo el recibo que se les expide sigue siendo de 126 pesos.
ANTECEDENTE
Como se recordará, en noviembre del 2018, a este medio de comunicación se facilitaron videos y fotografías, en donde se denunció que en el rastro de Matamoros, presuntamente bajo el amparo del anterior administrador, se estaba "legalizando" carne de "bachán", pues se procesaban animales de dudosa procedencia; es decir que estaban muertos o a punto de morir por alguna enfermedad y salían del centro de matanza con los sellos que se exigen para el traslado del producto.
Incluso se reveló que a los animales los estaban procesando introductores de ganado para luego comercializarlo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.
En 2015 el municipio de Matamoros habilitó el edificio en donde funciona actualmente el rastro, luego de que se detectaron y clausuraron rastros clandestinos, pero hace unos años se denunció que operaba en condiciones insalubres.
