La explosión de una toma ilegal en un ducto de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado más de 70 personas muertas, es uno de los capítulos más negro de la historia criminal sobre el robo de combustible en México, sólo sobrepasado por las explosiones de 1992 en Guadalajara que dejaron más de doscientos muertos y de lo cual no hubo consecuencias legales ni curiosamente responsables, ¿comenzó el “huachicol” en esa época? El punto de partida de este lamentable relato es el crecimiento sostenido desde hace por lo menos cinco sexenios de la ordeña de la red de Petróleos Mexicanos y las omisiones y complicidad de las autoridades para frenar este ilícito. A las pérdidas materiales y económicas se suma la tragedia de las pérdidas humanas.
Una de las acciones centrales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el inicio de su sexenio ha sido el combate al robo de combustible. Para ello ha aplicado una controvertida estrategia que implica el cierre de los ductos y la distribución de gasolina vía terrestre, por medio de pipas, con la consecuente costo y escasez de gasolina en estaciones de servicio. En el discurso del presidente, lo ocurrido el viernes en Tlahuelilpan representa una confirmación de que su estrategia, si no la más adecuada, sí correcta.
No obstante, el asunto no debe quedar en una catástrofe “dolorosa, pero aleccionadora”. Es necesario que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo ocurrió el lamentable suceso y fincar las responsabilidades. Porque de la información hasta ahora vertida es posible deducir que hubo una acción de alguien para perforar el ducto en cuestión y posteriormente convocar a la gente a que acudiera con los medios necesarios para hacerse del combustible derramado.
Hay, además, otro elemento importante que debe investigarse. En la rueda de prensa que López Obrador dio el sábado por la mañana aseguró que la actuación del Ejército en la zona había sido correcta y oportuna. Sin embargo, en videos que han circulado sobre el hecho y previo al mismo consta que en el lugar había desplegados unos 25 efectivos del Ejército que, a pesar de los riesgos que implicaba la toma ilegal de combustible, no desalojaron a los cientos de pobladores que acudían a llenar sus recipientes.
La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a las preguntas respecto a por qué se permitió que las personas siguieran en contacto con la toma ilegal ha sido que sí se les exhortó a que se retiraran, pero que no podían hacer más, ya que se tomó la decisión de no enfrentar a los pobladores. Pero salta otra pregunta: ¿por qué el Ejército no estableció un cerco o envió a más elementos para resguardar la zona en donde estaba derramándose la gasolina? Porque al tratar de evitar un conflicto no se pudo prevenir la tragedia.
El hecho debería motivar, por lo menos, una revisión a fondo de los protocolos a seguir cuando se detecta una toma ilegal de combustible a lo largo de la red de Pemex. Y es que, como lo reconoció el propio López Obrador, la situación de riesgo podría repetirse, ya que el robo o sabotaje a los ductos continúa. Por eso mismo, debe hacerse todo lo posible para que una catástrofe de las dimensiones vistas el viernes no vuelva a ocurrir.
