El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que el gobierno de AMLO debe tomar en cuenta a La Laguna y reactivar el Ramo 23.
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres dijo tener la confianza en que el Gobierno federal reactive el fondo de participaciones Ramo 23, pues solamente a través de este esquema se podrá tener acceso a recursos para proyectos de desarrollo regional y obras de infraestructura para los municipios.
Refirió que el Ramo 23 agrupa también al Fondo Metropolitano, del que todavía no se han empezado a aplicar los recursos a los proyectos de 2018.
Aispuro Torres consideró que esta región ha sido un ejemplo de trabajo y unidad entre sociedad y gobierno, y es un aspecto que debería de tomar en cuenta el actual Gobierno federal.
"No tenemos los beneficios del norte ni del sur o sureste del país, y a pesar de ello hemos salido adelante en una suma de esfuerzos con los presidentes municipales, de ahí que hay confianza en que el presidente habrá de apoyar a esta región para que siga siendo un polo de desarrollo", resaltó el gobernador.
El gobernador de Durango señaló que en el caso del Fondo Metropolitano, éste debe tener continuidad, dado que es uno de los esquemas mediante el cual se tiene la posibilidad de atender proyectos de conectividad que beneficien a la zona metropolitana de La Laguna.
Refirió que una de las prioridades en cuanto a estos proyectos, es la construcción de puentes elevados sobre las vías del ferrocarril en Gómez Palacio, por las que la ciudad se divide en dos de manera frecuente durante todos los días.
Aispuro Torres dijo que a pesar de los recortes presupuestales, la administración estatal no aumentará impuestos ni creará otros como sugirió a los gobernadores el secretario de Hacienda federal, Carlos Urzúa.
Señaló en ese sentido que cada gobierno aplica sus propias medidas para hacer frente a la situación y en el caso de Durango, se ha recurrido a la disminución del gasto.
En 2018, el déficit financiero del Gobierno de Durango fue por 850 millones de pesos, mientras que en 2017 eran 1,100 millones; la intención es que este año se reduzca al máximo.
