Verdades y rumores
Cuentan las aves de mal agüero que es probable que el cacareado y demorado proyecto del Metrobús Laguna no esté listo en 2019 ni siquiera en la parte de Coahuila. Y es que, según reportan los subagentes disfrazados de “moscas” de autobús, no sólo es el hecho de que la fecha de terminación de las obras en Torreón y Matamoros se ha venido posponiendo una y otra vez desde 2017, sino que en el horizonte ya hay otros varios factores que apuntan a que este asunto va para largo todavía. El primero de ellos es que en algunos tramos en donde las obras ya terminaron han comenzado a surgir “detalles” como el hundimiento, aún ligero, de los carriles de asfalto que están a un lado del de concreto, por donde pasará la ruta troncal de autobuses.
Además, por reparaciones de Simas, se han tenido que abrir algunos segmentos y debido a lo viejo de las redes hidráulicas y sanitarias, hay quienes dicen que se tendrán que abrir más. Pero el factor principal que puede ocasionar un nuevo y mayor retraso es la resistencia que está surgiendo y puede surgir por varios temas vinculados a la operación del transporte metropolitano. Y no mencionamos aquí el hecho de que los trabajos en La Laguna de Durango no tienen para cuando comenzar, lo cual plantea que incluso si del lado de Coahuila ahora sí terminaran en la nueva fecha indicada, el sistema sólo funcionaría a medias. Se trata de asuntos que tiene que ver con la dinámica del servicio en Torreón. Por ejemplo, los paraderos que no quieren los locatarios del mercado Alianza que se instalen en la calle Múzquiz, o la prohibición que pretenden aplicar las autoridades coahuilenses a la entrada de autobuses rojos y verdes de la ruta Torreón-Gómez-Lerdo. Esta medida anunciada ya puso los pelos de punta en Gómez Palacio y Lerdo en donde autoridades, ciudadanos y concesionarios, aquí sí al unísono, ya dijeron que no están dispuestos a aceptar que las unidades se queden a la entrada de la Perla de La Laguna. Por si fuera poco, todavía falta negociar lo más importante de todo el proyecto, a saber: la tarifa que los autobuses cobrarán a los usuarios y si dicha tarifa será integral, por lo menos en la ciudad de Torreón, es decir, que se cobre un solo boleto para todo el recorrido, ya sea por la ruta troncal o las rutas alimentadoras. Se espera que en este punto salten chispas las cuales puedan retrasar aún más la puesta en marcha del servicio.
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En los pasillos del edificio público más caro de la ciudad cuentan que la Ley Mordaza continúa... aunque con inconvenientes para su efectiva aplicación. Resulta que en estos días varios funcionarios municipales de distintas áreas que han tenido contacto con la Incómoda Prensa han asegurado que no pueden dar declaraciones sin autorización y/o presencia de gente del departamento de Comunicación Social. En uno de los casos el servidor público dijo que sólo podía conceder entrevista ante la presencia de alguno de los muchachos de Antonio Zamarrón, ave de varias tempestades, quienes tienen la encomienda de grabar todo lo que se diga entre el funcionariado y la Prensa. En otro de los casos, un jefe de departamento aseguró que para poder otorgar información o dar una declaración sobre cualquier tema relacionado con su área el representante de los medios debía tramitar un pase especial en la oficina a cargo de don Toño y una vez concedido el salvoconducto, entregarlo en el departamento en cuestión para, ahora sí, poder solicitar una cita. Esta extraña estrategia de comunicación, que más bien parece de incomunicación, refleja una de dos posibles realidades: en el gobierno municipal o no confían en la capacidad comunicativa de sus funcionarios, o no confían en la lealtad de los mismos. ¿Cuál de los dos será?
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En donde existen dos realidades alternas es en el tema de la coordinación policial entre las fuerzas estatales y las municipales. Nuestros subagentes que responden a la clave ultrasecreta “Patrullero 777” nos reportan que mientras el gober Miguel Riquelme y el jefazo de la comuna Jorge Zermeño mantienen en público un discurso de trabajo en equipo y colaboración, con alabanzas mutuas incluidas, en el mundo de las corporaciones la situación es diferente. Comentan que en lo que más se nota la divergencia en los esfuerzos de Fuerza Coahuila y la Policía Municipal es en el manejo de las versiones sobre los hechos ocurridos y a la hora de responder a los llamados de emergencia. Dicen que en el primer caso es común que los municipales manejen una información sobre delitos que ocurren en la ciudad y luego los estatales difundan otra que incluso contradice a la primera, o viceversa. En el caso de la atención a los reportes, cuentan que prácticamente nunca los elementos de ambos cuerpos policiales acuden al mismo tiempo, siempre lo hacen unos primero y luego los otros, incluso cuando aquéllos ya se fueron o estar por irse. Pareciera como que no quisieran tener roce alguno. Esta situación resulta preocupante no sólo porque significa que la coordinación sólo es un recurso retórico de los mandamases, sino sobre todo porque en los últimos días existen indicios que apuntan a que la cosa se está descomponiendo en materia de seguridad. Ojalá tomen nota las autoridades, eliminen los recelos y se pongan a trabajar en conjunto.
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El búho, animal asociado a la diosa de la sabiduría en la antigua Roma, Minerva, es también la figura asociada a los abogados por su capacidad de ver en la oscuridad y es que eso debiera ser un abogado, un letrado que puede ver en momentos de oscuridad y detectar con su potente sapiencia tanto peligros como oportunidades. Al parecer, en la región ya hay quienes buscan regalarle una de estas aves a la presidenta del Poder Judicial de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, quien desde diciembre pasado ha sido constantemente criticada en su ramo por la designación que hizo para sustituir a quienes, dicen, no le caen del todo bien. Designación que, incluso, ocasionaron tal malestar entre los secretarios, actuarios y personal administrativo del Poder Judicial estatal que apelaron a la Justicia Federal, donde dicen, revisan mejor este tipo de procedimientos, maniobras, jugadas, represalias, dirían algunos. Y es que doña Miriam sustituyó jueces y secretarios sin cumplir con los procedimientos, tanto que a los removidos les fue concedida por parte de la Justicia Federal la suspensión del acto reclamado al constatar la supuesta irregularidad del argumento bajo el cual fueron primeramente suspendidos. Y es que, exponen los subagentes vestidos de malletes, uno de los jueces designados interinamente provino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mientras que los otros tres vienen de la Fiscalía General del Estado, es decir todos ellos cuentan experiencia, sí, pero en materia penal y no en materia civil, que es un requisito fundamental para poder ocupar el cargo para el cual fueron designados. Otro argumento fue el hecho de no haber designado por razón de escalafón tal y como lo marca la ley orgánica a personal con 20 y 30 años de antigüedad en el caso de secretarios y actuarios. ¿Será?
