A finales del pasado mes de diciembre la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó al Congreso local de Coahuila el "Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2017". Se trata de un voluminoso documento de 9,815 páginas, en veintiún tomos.
Para llevar a cabo su encomienda constitucional de revisar la Cuenta Pública de Coahuila correspondiente a 2017, la ASE programó y realizó, según informa, un total de 1,848 auditorías. De éstas, sumaron 1,246 las auditorías llamadas de cumplimiento, 191 las auditorías a programas de inversión pública, 136 las auditorías de legalidad, 133 las de desempeño y 142 fueron auditorías financieras. Total: 1,848 auditorías practicadas.
De las 142 auditorías financieras llevadas a cabo por la ASE, una, la identificada con el número ASE-05688-2018, se hizo al Poder Ejecutivo, es decir, a las unidades administrativas dependientes directamente del gobernador del estado, que en la mayor parte del año 2017 fue Rubén Moreira.
Explica en su Informe la ASE que las auditorías financieras tienen por objeto determinar, a través de una serie de pruebas y verificaciones, el grado de confianza que pueden tener los destinatarios de la Cuenta Pública en los estados financieros que la integran, en la medida en que fueron preparados de acuerdo a la normatividad aplicable para la emisión de información financiera. En su caso, se podrá determinar si ésta es "razonablemente correcta".
A renglón seguido la ASE se apresura a aclarar que "una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error… no significa un grado absoluto de seguridad, debido a que existen limitaciones inherentes a la auditoría" (Tomo 1D, pág. 3)
Pido al amable lector regrese a leer con detenimiento el párrafo anterior y trate de llegar a una conclusión. ¿Por qué cree que la ASE pone en su Informe lo que acaba de releer?
Mi opinión es que para no comprometerse demasiado. ¿Por qué? Porque sin decirlo abiertamente, al menos no con las palabras que voy a escribir a continuación, de la auditoría financiera núm. ASE-05688-2018 se llega a una serie de hallazgos y conclusiones de los que seleccionaré algunos pasajes que transcribiré y otros que resumiré, ciertamente con redacción técnica pero entendible, y que en palabras llanas la ASE quiere significar que en el área del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador, concretamente en el último año de Rubén Moreira, se encontró un verdadero y monumental desgarriate. Veamos:
La ASE informa que de la citada auditoría financiera quedaron 80 observaciones "no solventadas por la entidad [es decir, por el gobernador y su secretario de Finanzas] durante el plazo legalmente establecido para tal efecto". (Pág. 11)
Por lo que hace al aspecto contable, en su dictamen la ASE asienta lo siguiente:
"En nuestra opinión, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección Fundamentos de la opinión desfavorable (adversa) de nuestro informe, los estados financieros adjuntos en la Cuenta Pública 2017 no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales (no expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2017, ni sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos" en la materia por la autoridad competente (pág. 12).
Y a continuación la ASE da cuenta de cómo no se encontró la documentación soporte necesaria, la falta de conciliación de las partidas bancarias, la ausencia de registros e información relativa a levantamientos físicos de inventarios (nada menos que de 37 mil 389 millones de pesos), registros contables incorrectos o malas clasificaciones, omisión de registro de transacciones, incongruencia de la información contable y diferencias no aclaradas en los registros contables. En resumen, generalizado desorden y un descomunal batidero.
Por cierto, en el rubro de "diferencias no aclaradas en los registros contables" la ASE señala que "derivado del análisis a los registros contables en la cuenta 5.3.2 Aportaciones con saldo al 31 de diciembre de 2017 por un total de $2,905'144,170.00 se advierte una diferencia por $743'936,059.00 con respecto a los $2,161'208.111.00 registrados por los 38 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el concepto de Aportaciones" (p.15)
Imposible referir aquí, por razones de espacio, ni siquiera lo más relevante de los resultados de la auditoría financiera que nos ocupa, pero va un par de pasajes como botón de muestra de lo encontrado:
• "La asignación global de servicios personales contenida en el presupuesto de egresos correspondientes al año 2017 del Gobierno del Estado de Coahuila pasó de un aprobado de $16,315'507,687.93 a un devengado de $17,897'620,651.86, incrementándose en $1,582'112,963.93, lo cual… es indebido por incumplir con lo establecido en la fracción V del Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece que la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio presupuestal"
• "Los ingresos recaudados del año 2017 fueron por un total de $50,213'451,099.49, y los gastos devengados por un total de $52,540'146,834.91, se advierte un déficit financiero de $2,326'695,735.42, el cual tendrá que ser cubierto con presupuesto del año 2018 y posteriores". (P. 19)
Lo grave de todo esto es que el exgobernador Rubén Moreira, actual diputado federal, y sus secretarios de Finanzas y de la Función Pública andan por todos lados tan despreocupados y campantes. ¿Cómo es posible esto?
