A ver de qué color pinta el verde
Como ciudadano común, medianamente informado, debo decir que cada día me siento sorprendido por las noticias acerca de las actividades políticas en el gobierno federal; unas me levantan, otras me deprimen; unas me generan certidumbre, otras más lo contrario; unas disipan mis dudas; otras me confunden más de lo que estoy.
Sentimientos encontrados me ha generado la noticia de que AMLO haya reconocido como error la reducción en el Presupuesto para 2019 destinado a las universidades públicas, y que haya prometido rectificar, lo que obviamente vino a generar protestas de otros sectores afectados.
¿Error calculado? ¡Qué raro!, porque aunque la fracción IV del Art. 74 Constitucional, dice que el titular del Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la H, Cámara de Diputados la propuesta del gasto público para su aprobación, no especifica que tenga que ser él quien asigne los recursos. De hecho, la elaboración del presupuesto es un trabajo de equipo. “Es responsabilidad del Ejecutivo Federal integrar y presentar la propuesta de gasto que, por su parte, elaboran los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; junto con las propuestas que el propio ejecutivo prepara para cada una de las secretaría de estado y entidades paraestatales a su cargo”
Tal vez los diputados y muchos ciudadanos no olvidamos la famosa Estafa Maestra en la que participaron dos universidades públicas; fraude del sexenio pasado que no debe sorprendernos, pues sin duda, algunos rectores carecen de sólidos principios éticos, y éstos se resquebrajaron estrepitosamente con una millonaria propuesta indecorosa hecha por el propio gobierno (Sedesol). ¿Quién soportaría mantenerse incólume ante un “sablazo” así a su recta conciencia, sabiéndose protegido por la impunidad?
La rectificación del error trajo consigo, como es lógico, la protesta de responsables de otros sectores afectados, tales como Agricultura y Desarrollo Rural, Turismo, órganos constitucionales autónomos, como el INE, el INAI, la CNDH, y obviamente de algunos gobernadores como el de Chihuahua y el de Jalisco, quienes han hecho un frente común y amenazan con darle “guerra” al Ejecutivo.
Es comprensible el recorte de gastos que se ha planeado para el ejercicio fiscal 2019, dada la triste y lamentable situación que ha dejado la mala administración de Peña Nieto, y con el cambio de régimen nos toca pagar el pato; por ello, es preocupante que ahora los afectados exijan igual o mayor tajada, pretendiendo seguir con el “tren de vida”, como preocupante es también la dizque militarización del país por medio de la inminente presencia de la Guardia Nacional. Habría que entender que la policía no está profesionalizada ni tiene autoridad moral para combatir la delincuencia, y por ello lo único que nos queda es reglamentar constitucionalmente los tiempos y condiciones en que habrá de operar.
Los ciudadanos de a pie no entendemos de impactos macroeconómicos ni de variables financieras, pero sí sabemos que los grandes empresarios no pierden, y que el aumento en las tasas de interés, el alza en los impuestos, en las gasolinas, el gas, la electricidad traen consigo un aumento en los precios de productos de la canasta básica y consecuentemente mayor empobrecimiento de las clases sociales más vulnerables.
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
