Injusto. Desde 2017 la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares de derechos humanos. (TWITTER)
La organización Human Rights Watch denunció que Venezuela detuvo, abusó y torturó a miembros del ejército y sus familias, acusados de conspirar contra el gobierno.
En un informe elaborado junto con la ONG venezolana Foro Penal, la organización, tras el análisis de 32 casos, aseguró que las autoridades están detrás de ataques a familiares de militares, con torturas y amenazas, para tratar de averiguar la ubicación de aquellos que en su opinión estaban supuestamente conspirando contra el régimen de Maduro.
"El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado. "Los agentes de inteligencia no sólo detienen y torturan a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a quienes buscan".
Según el informe, las detenciones las llevan a cabo miembros de los servicios de inteligencia del gobierno que emplean golpizas "brutales", descargas eléctricas, amenazas de muerte y técnicas de asfixia en su cometido.
Los abusos se habrían producido en prisiones y sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Según varios abogados de las víctimas acusadas de "traición" e "instigación a la rebelión", "las acusaciones eran fabricadas y que no había pruebas concretas".
Tal y como apunta Human Rights Watch, estas denuncias no son las primeras contra el régimen de Maduro por abusos sobre opositores políticos, sino que son una "práctica sistemática" sobre la que, desde 2014, HRW ha documentado más de 380 casos. Según el recuento de Foro Penal, el 15% de los detenidos políticos en Venezuela han sufrido tortura.
La organización venezolana indica que más de 12 mil 800 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno y más de 7 mil 500 han sido excarcelados bajo libertad restringida y enfrentan causas penales.
Desde 2017 la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos, según Foro Penal.
