Proceso. El dictamen sobre la Guardia Nacional, que será discutido por la Cámara de Diputados. (AGENCIAS)
Gobernadores del país respaldaron la creación de una Guardia Nacional, pero con mando civil, pues consideraron que el Ejército no debe estar al frente de nuevo cuerpo de seguridad que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, integrado por policías militares, navales y federales.
Así lo manifestaron los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores en las audiencias públicas programadas este martes 8 de enero en la Cámara de Diputados para la discusión de la iniciativa que presentó el partido Morena.
Los gobernadores de Michoacán, Guerrero, Querétaro, Colima, Zacatecas, y Campeche expusieron que el mando de la Guardia Nacional debería estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y no del Ejército.
Coincidieron en que el Ejército es una institución confiable y disciplinada, pero no le corresponde resolver problemas de seguridad pública.
También solicitaron establecer un límite de tiempo para la operación de la Guardia Nacional, que garantice su permanencia temporal en tanto las autoridades fortalecen a las fuerzas policiacas civiles del país.
También consideraron necesario hace un plan de actuación en función de las necesidades de cada región del país, pues un plan general de nación no resolverá las necesidades que tiene cada estado en su lucha contra la delincuencia.
El gobernador de Guerrero y vicecoordinador de la Conago, Héctor Astudillo, advirtió que la Guardia Nacional no resolverá el problema de la inseguridad, pero algo se tiene que hacer en el país.
"Todos los días conocemos y observamos el problema de la inseguridad, que no es de un estado, ya está en el país, y los vemos todos los días, a veces pega en el sureste a veces en el centro y a veces pega en el norte, no hay limitación en el territorio, ni para los derechos humanos, (por eso) vale la pena encaminar esta iniciativa", dijo.
No obstante, consideró que no debe recaer en la Guardia Nacional la investigación de delitos, como propone el dictamen.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aceptó que es necesario un marco legal para la operación de las fuerzas armadas en temas de seguridad, y por eso en el pasado votó a favor de la Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, consideró que la seguridad pública no mejorará si el Ejército intenta hacerse cargo de esta tarea.
"Que el Ejército se haga cargo de la Guardia, no. Porque la seguridad es responsabilidad de los civiles, a pesar de que la Marina y el Ejército han sido de gran ayuda", dijo Aureoles.
Por ello propuso un tiempo determinado para la operación del nuevo cuerpo de seguridad, que tenga un mando civil y que de manera paralela se fortaleza a la policía municipal, estatal y federal.
Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, dijo que es bienvenida la Guardia Nacional si lleva a cabo acciones particulares para cada estado y municipio, debido a las distintas necesidades en términos de seguridad que existen en cada región.
Pidió además controles de confianza periódicos para tener indicadores de cómo se desempeñan los elementos y solicitó que sus acciones se lleven a cabo con gran respeto a los derechos humanos.
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que son necesarios registros más certeros sobre la comisión de delitos para que no haya simulación en los índices delictivos.
También solicitó reforzar las instituciones de seguridad ya existentes, pues esta es la vía verdadera con la que funcionarían de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acabar con la inseguridad.
José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, dijo que es realmente necesaria la creación de la Guardia Nacional y que es una adecuada respuesta institucional ante las preocupaciones de seguridad.
También pidió que haya más claridad en quienes serán los que tomen las decisiones en la Guardia Nacional para evitar conflictos internos que disminuyan la eficacia de actuación de los elementos.
Solicitó además un incremento en el presupuesto para los centros de monitoreo en los estados, pues la información obtenida de ahí pasará a un análisis central y servirá para realizar los planes de seguridad.
Peralta también expresó su preocupación porque el artículo sexto transitorio de la ley vulneraría el federalismo.
Este artículo estipula que dentro de los dos años siguientes partir de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, el Consejo de Seguridad Interior, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizarán un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas y de los municipios donde alguna institución federal se encuentre realizando labores de seguridad pública.
