Las familias perdieron sus pertenencias. (ARCHIVO)
Nueve campamentos donde se refugiaban desplazados de Chalchihuitán fueron destruidos el pasado viernes, "en el contexto de agresiones de Hermelindo García Núñez (PAN), síndico de ese ayuntamiento, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El organismo defensor aseguró en un comunicado que por la incursión, 238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch'enmut, Bololchojon, Cruz K'ak'anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, " perdieron las pocas pertenencias que tenían" en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas.
Fueron derribados, además baños construidos con apoyo y donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.
La destrucción de los campamentos obligó que la población, en su mayoría mujeres y niños, se desplazará nuevamente después de la agresión e intimidación.
Familias les prestaron espacios, pero se mantiene la amenaza de expulsarlos de sus comunidades, alertó el Frayba.
El centro defensor refirió que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intentaran ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.
Advirtió que la destrucción de campamentos y amenazas a los desplazados aumentan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de esa población.
Al menos, mil 237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin alternativa de retorno a sus viviendas y parcelas de manera definitiva.
Esto porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto, donde "grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas".
El Frayba agregó que a más de un año del "desplazamiento forzado masivo" de comunidades tzotziles de Chalchihuitán, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.
Enmedio del conflicto, sostuvo, el gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a la población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17, que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, "para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017".
El Frayba pidió garantizar la seguridad, la integridad y la vida de los desplazados en Chalchihuitán, así como detener las amenazas y agresiones de García Núñez.
Y atender de manera integral, de acuerdo con los principios rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidas, el desplazamiento forzado en Chalchihuitán.
