Aplicar la política de ensayo y error, quizá, sirva de experiencia al próximo gobierno, pero no a este.
Lanzar ultimátums, dar campanazos o presumir errores que, en realidad, sondean el calibre de la reacción ante el deseo de adoptar una medida no encubre los apuros para encarar los problemas y desafíos que acechan al nuevo gobierno y complican la realización de sus propios planes.
Hoy, por fortuna, esos lances encuentran amparo en el índice de popularidad y el margen de aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, pero quién sabe mañana porque, sobra decirlo, el ejercicio del poder desgasta y la tardanza de resultados frente a las expectativas generadas puede nutrir, antes de lo esperado, la decepción y luego la desesperación. Se entiende que con velocidad y acciones múltiples el Ejecutivo quiera ganar la partida a la inercia y la resistencia, así como que con determinación y firmeza quiera asegurar el mando y ejercer el poder, pero el tamaño del envite desemboca en una drástica disyuntiva: alcanzar la gloria o caer en la condena.
No es lo mismo correr riesgos que exponerse a los peligros.
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Si los supuestos errores cometidos en el presupuesto fueran tales, el secretario Carlos Urzúa no seguiría más en el gabinete y, de seguir -aun con la oportuna rectificación hecha-, hablaría de cierta indolencia por parte del mandatario frente al desempeño de uno de sus principales colaboradores. Desde esa perspectiva y siendo el presupuesto un documento clave para suscitar tranquilidad y confianza, cosa que logró, no es aventurado considerar que los errores no se cometieron, porque el propósito era medir la reacción de los afectados para determinar si procedía o no mantener en sus términos originales el presupuesto.
De no ser así, resulta inconcebible que, después de haber empeñado la palabra frente a las universidades, señalando que no aumentarían sus recursos, pero sí mantendrían los establecidos, se hubiera incurrido en el supuesto desliz. Como también resulta difícil de creer la disminución del presupuesto para los consulados, tras asegurar que estos se convertirían en virtuales procuradurías sociales.
Los presuntos errores causan la impresión de haber sido simples globos sonda para calibrar el malestar que los eventuales recortes suscitarían.
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En cuanto a los campanazos que se están dando en algunas áreas y políticas de la administración, estos asombran porque, en su súbito y tajante movimiento, repiten tareas o desperdician trabajos ya hechos y, así, obligan absurdamente al nuevo gobierno a partir de cero en sus planes, incurrir en gastos innecesarios y, sobre todo, retrasar su acción.
Integrar un nuevo padrón de beneficiarios de los programas sociales, siendo que bastaría revisar y depurar los vigentes o, en caso de recelo, encargar al INEGI auditarlos, suena absurdo. Aprovechar la base ya hecha ahorraría los fondos destinados al ejército de voluntarios (¿militantes?) que, sin las cartas credenciales necesarias para realizarlo, ponen en duda el rigor y la objetividad de su reelaboración.
Construir una nueva refinería sin antes reconfigurar las existentes es un campanazo que demanda enormes recursos a un objetivo, éste realizado a plazos permitiría reconfirmar o rectificar la idea sin dejar de avanzar hacia el propósito. Por razones de seguridad nacional y no necesariamente comerciales, es comprensible la intención de recuperar cierta capacidad de refinar petróleo y, de ese modo, disminuir la dependencia del exterior. Esa recuperación, sin embargo, convendría llevarla a cabo con un ritmo no tan acelerado como se pretende. Pausarla, sin por ello dejar de arrojar resultados en cuanto se pueda, serviría al propósito de rescatar las instalaciones petroleras subutilizadas y reponderar la conveniencia de construir la de Dos Bocas.
Algo semejante ocurre con el Tren Maya. Los mil 525 kilómetros de su pretendido recorrido no tienen por qué construirse de un golpe. El tramo Mérida-Riviera Maya suscita entusiasmo, no así los tramos comprendidos en Chiapas, Campeche y Tabasco. ¿Es menester practicar la política del todo o nada, cuando no se cuenta con los recursos necesarios?
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De los ultimátums lanzados, el más inquietante es el relacionado con la Guardia Nacional: si no hay ese cuerpo, las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles.
Puede el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tener ese lance porque -dicho sin menosprecio- es un secretario, pero no el presidente de la República porque él fue electo y protestó guardar y hacer guardar la Constitución que, desde luego, garantiza el derecho a la libertad y la seguridad.
Varios problemas plantea la premura por crear el nuevo cuerpo. Fijar en la Constitución su creación dificultará hacer cualquier ajuste posterior. Si hasta dentro de cinco años se considerará trasladar su mando y ubicación a la Secretaría de Seguridad, qué caso tiene crear ahora esa dependencia que, sin el brazo técnico fundamental, será un cascarón. Militarizar la seguridad demanda una reflexión mucho más profunda.
El país lleva doce años ensayando y errando, con un elevado costo de sangre y dolor, la estrategia para reponer la seguridad pública; emprender un nuevo ejercicio sin certeza de su idoneidad es una aventura peligrosa.
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El año está por concluir, es deseable que el presidente López Obrador no vea en la crítica y la observación una resistencia inaceptable y sí el afán de asegurar lo mejor. Asimismo, es deseable que le vaya bien porque, con su suerte, va la del país.
APUNTES
Qué curioso, los intelectuales y políticos que andaban busque y busque al Emmanuel Macron mexicano, hoy no dicen ni pío sobre la situación de quien consideraban el ídolo a seguir.
ÁTICO
Campanazos, ultimátums e intenciones con disfraz de error no garantizan recuperar al país y reconciliar a la nación. Vale la velocidad, no el desbocamiento.
