Respecto a la Guardia Nacional, opinó que debe estar bajo un mando civil y dictarle una temporalidad determinada para su actuación, mientras se mejoran las capacidades de las policías locales. (ESPECIAL)
La aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, señaló que aunque la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad no es la mejor alternativa, es la única posible en algunos lugares de México, como Guerrero, Oaxaca, Sinaloa o Tamaulipas, donde a su juicio no hay Estado de derecho.
En respuesta a la primera ronda de intervenciones de senadores en la comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, previo a la elección de un nuevo ministro del alto tribunal, dijo no estar de acuerdo en que los militares se hagan cargo de la justicia.
Sin embargo, ante la emergencia que se vive en México, no hay más alternativa que colocar en esa labor a las Fuerzas Armadas.
Respecto a la Guardia Nacional, opinó que debe estar bajo un mando civil y dictarle una temporalidad determinada para su actuación, mientras se mejoran las capacidades de las policías locales.
Ortiz Ahlf se comprometió, en caso de ser elegida ministra, a actuar siempre de manera objetiva e independiente, y aseguró que, de presentarse un conflicto de intereses, será la primera en excusarse en el asunto que corresponda.
“Estaré en contacto con la ciudadanía y la sociedad civil. La única manera de seguir el pulso de la población es teniendo el contacto con ella. De llegar a ser ministra voy a tener la puerta abierta para todos, sin distinción, abierta al diálogo y a la escucha”.
Se refirió también al tema del fuero, y se dijo totalmente a favor de la desaparición de esa figura, que a su parecer resulta innecesaria si los funcionarios públicos actúan conforme a sus responsabilidades y dentro del marco de la ley.
Más tarde, en la segunda y última ronda de cuestionamientos, aseguró que en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue suspendido, nunca hubo consulta informada ni declaraciones de impacto ambiental.
Sobre sus posibles aportaciones a la Suprema Corte, en caso de que sea elegida ministra, dijo que buscaría convencer a sus colegas de que cambie el criterio que estableció la propia Corte, en el sentido de que en materia de derechos humanos prevalezca la Constitución por encima de la aplicación de tratados internacionales.
Esto por dos razones: primero, porque la propia Constitución establece el principio de que se aplique la norma que más beneficie a la persona (principio pro persona), y segundo, porque la Carta Magna se puede modificar, pero no así los tratados internacionales.
Además, aseguró que establecería un criterio de “tolerancia cero” en asuntos como nepotismo, corrupción e impunidad, que necesitan vigilancia constante porque a veces hay omisiones injustificables”, por lo que se manifestó a favor de la mayor vigilancia posible.
Confió que en el futuro se pueda modificar la norma, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga facultades para hacer recomendaciones en sentencias judiciales que violen derechos humanos, cosa que hoy no está permitida.
