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Sector salud, otro fracaso del federalismo

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NUESTRO CONCEPTO

En medio de la controversia que han desatado las primeras decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de su gobierno, destaca el plan anunciado el fin de semana para “rescatar” al sector público de salud. Y la solución, una vez más, está en consonancia con la visión centralista de la administración que apenas inicia. Llama la atención que, contrario a lo ocurrido con el tema de los coordinadores federales en los estados, en el que varios gobernadores han levantado la voz para denunciar una posible injerencia en la soberanía de las entidades, poco o nada se haya dicho sobre la medida de regresar todo el sector salud al control del gobierno federal. Parece que el silencio confirma el diagnóstico lanzado por el presidente.

Y el panorama es catastrófico. López Obrador ha asegurado que el sector salud está peor que el educativo, lo cual ya es mucho decir. “Está deshecho, fraccionado, no hay médicos y hay miles de trabajadores eventuales desde hace años”, dijo y aseguró que con todo y que este año se destinaron 90,000 millones de pesos para la compra de medicinas y equipos, no hay medicinas en las clínicas y hospitales. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue más allá y afirmó que recibió del gobierno anterior 250 unidades médicas abandonadas, en obra negra o con falta de equipo, una situación que calificó como “monumentos a la incompetencia, a la corrupción y al tráfico de influencias”.

En Coahuila y Durango esta descripción es familiar. Uno de los principales reclamos en los últimos años ha sido la falta de insumos, personal y equipo en las unidades de salud del sector público, lo cual obliga a las familias de escasos recursos, incluso las beneficiarias del seguro popular, a hacer un esfuerzo extraordinario para atenderse en el sector privado. Prácticamente ninguna institución sanitaria se salva de las quejas constantes por atención deficiente, la cual es particularmente aguda en el primero y segundo nivel. Se trata de un problema muy grave, en la medida de que hablamos de lo más preciado que tienen los seres humanos después de la vida: su salud y bienestar.

En este contexto, el plan de Andrés Manuel López Obrador consiste en dos acciones principales: primero, que el gobierno federal absorba gradualmente los 32 servicios de salud de las entidades, a razón de 8 cada seis meses, comenzando con los de la región Sur el fin de semana; y segundo, una inyección extraordinaria de recursos con el objetivo de que ninguna persona en México se quede sin atención médica de calidad, incluso reemplazando el Seguro Popular con otro esquema. Aunque la administración lopezobradorista habla de “federalizar” el sector, en realidad de lo que se trata es de centralizarlo nuevamente.

De hecho, el deterioro de los servicios públicos de salud evidencia un fracaso más de un modelo federal mal llevado a cabo. En vez de que los estados atiendan con eficiencia y probidad este sensible servicio a la ciudadanía, lo que se ha observado es incapacidad cuando no un ejercicio discrecional de los abundantes recursos que en teoría se destinan a este fin. Incapaces de generar los contrapesos y los mecanismos de rendición de cuentas necesarios, los estados parecen mostrarse muy cómodos, ahora sí, con la decisión centralista del gobierno de López Obrador. El descuido y sus consecuencias merecerían antes, por lo menos, un deslinde de responsabilidades y, por qué no, un análisis de un sitema de salud pública que ha privilegiado a ciertos grupos o sectores, especilmente a poderosos sindicatos, en detrimento de la mayoría de la población. Qué justificación hay para tener un ISSSTE, un IMSS y demás servicios de salud específicos para PEMEX, CFE, etc., en lugar de tener un solo sistema como los europeos, que atienda a toda la población en igualdad de condiciones.

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