En la emergencia de la espesa polvareda levantada por la decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, la instancia encargada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE),solicitó que sus contrataciones tuvieran el status de seguridad nacional, es decir la posibilidad de hacerlas sin la formalidad de las licitaciones.
La exposición de motivos hablaba de apagar la beligerancia del Sindicato Mexicano de Electricistas, vía liquidaciones expeditas y la posibilidad de conexión de la Comisión Federal de Electricidad en la zona de servicio. Estamos hablando de la Ciudad de México y cuatro entidades federativas.
El caso es que siete años después la instancia que había surgido a la muerte del organismo de liquidación de bienes nacionales, Fideliq, no había dado de baja la prebenda administrativa.
En el lapso se entregaron contratos a un solo despacho de abogados por mil 800 millones de pesos.
De hecho, en su informe sexenal el organismo plantea haber recibido poco más de 9 mil millones de pesos por la venta de los ingenios expropiados por el gobierno foxista, con énfasis en los del Grupo Azucarero Escorpión, cuyo monto fue de 11 mil.
Hace unos meses el Instituto Mexicano para la Competitividad acusó a la instancia de haber otorgado un contrato de 288.2 millones de pesos a la firma de outsourcing Vasa Holding Company, clasificada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria.
Hace siete años estaba listo el cierre de la liquidación del Sistema de Bancos que integraban el Banrural, y sin embargo la tarea se prolongó cuatro más.
El organismo fundado en 2002 está siendo acusado por la contratista de Pemex, Oceanografía, de llevarla a un escenario de quiebra.
Concretamente, el presidente de la firma, Amado Yáñez, plantea que el SAE dispuso de 3 mil millones del erario público sin justificación ni aviso al juez Felipe Consuelo Soto, quien llevó el concurso mercantil.
La ofensiva se refiere también a que el administrador designado tras la incautación de la firma que le daba servicio a Pemex, Alfonso Maza Urueta, recibía un sueldo mensual de 650 mil pesos más gastos de viaje, hospedaje, despensa, personal de servicio… que un conjunto sumaba otros 200 mil pesos. La tarea de éste se prolongó tres años.
En la catarata se culpa al SAE de despedir a más de 11 mil trabajadores engañando a 3 mil con liquidaciones que nunca se pagaron, bajo la protección de un sindicato blanco.
Lo cierto es que hasta entonces el organismo sólo había participado en la administración de empresas públicas en proceso de liquidación.
De hecho, en algún momento el gobierno pensó en entregar Mexicana de Aviación a su custodia, lo que se rechazó por no tener soporte jurídico.
El SAE en la mira.
BALANCE GENERAL
En la antesala de la entrada en vigor de una serie de reformas a la Ley Aduanera, prevista para el 22 del mes que corre, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales le está solicitando una prórroga a la Cámara de Diputados.
La intención es que entre en vigor el 25 de junio de 2019, es decir al año de su publicación en el Diario Oficial. La exposición de motivos habla de que bajo el nuevo marco se le confirieron facultades de comprobación y fiscalización a la autoridad aduanera, que en la práctica atentan contra la facilitación comercial y seguridad jurídica.
En el marco se permite retener la carga hasta por cinco días, a contrapelo de la aplicación del resultado de solución automática en función de un análisis previo de riesgo.Más aún, la posibilidad habla de que se puede realizar la revisión de la mercancía que no ha sido formalmente presentada a la autoridad aduanera y se encuentra aún en depósito ante la aduana.
Cuello de botella, pues.
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