Frenado el proceso legislativo de una reforma a la Ley Minera que obligaría a revisar las concesiones con base en el cumplimiento de las leyes ambientales y laborales a la presión por la caída de las cotizaciones de las principales firmas del ramo, una docena de organizaciones no gubernamentales está pugnando por mantener el cauce.
El principal argumento habla de que la legislación actual les otorga amplias y excesivas prerrogativas a los concesionarios mineros, compensadas por escasas obligaciones.
Las firmas mineras ocupan 10.79% del territorio nacional, en tanto los títulos de concesión se obtienen por 50 años, con opción de prórroga por el mismo lapso.
El recuento habla de 122 conflictos sociales generados por la explotación extractiva, en un escenario en que las normativas vigentes son contrarias a los derechos de las comunidades rurales, mestizas e indígenas, además de los derechos de los trabajadores y las prioridades en materia de conservación del medio ambiente.
El ramillete habla de explotación a gran escala a partir de tajos a cielo abierto, la lixiviación con cianuro o la minería submarina, generadoras de daños irreversibles a los territorios y la población, a contrapelo de su prohibición a nivel internacional.
La actividad extractiva en el país representa apenas 0.92% del Producto Interno Bruto, generando 120 mil 246 empleos directos, lo que equivale a 0.21% de la población económicamente activa.
A contrapelo de sus cuantiosas ganancias, el sector sólo contribuye con 0.52% en la recaudación total de la Secretaría de Hacienda.
Como recordará usted, a la presentación de la iniciativa por parte de las senadoras Lucía Trasviña Waldenrath y Angélica García Arrieta tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Cámara Minera de México la calificaron de “aventurerismo legislativo”.
El argumento hablaba de que la exigencia de revisión de las concesiones está prevista en las leyes que rigen la actividad.
El problema es que no se cumple.
Y si no hay armonía con las leyes locales, mucho menos con los convenios internacionales firmados por México, así los que prohíben usar dinamita para provocar la extracción, o los que vetan la posibilidad de trabajo infantil o afectaciones severas al equilibrio ecológico del entorno.
Entre los organismos en lucha están Greenpeace México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Agua para todos, agua para la vida, y el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos.
Depredación como negocio.
BALANCE GENERAL
Denunciado en su momento en este espacio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investiga un convenio pactado entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la CROM, para concesionarle el transporte de cascajo y demás para rellenar el terreno para el aeropuerto de Texcoco.
La central sindical se encargaba de reclutar transportistas para una tarea que en su momento volvió lenta la circulación de la carretera Peñón de los Baños a Texcoco.
La tarea era de dos vías: de la Ciudad de México hacia Texcoco y de la zona cercana a la construcción hacia ésta, en este caso en agotamiento de las minas de Tezontle.
EVALÚAN LAS 500
De acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de las políticas de integridad de las 500 empresas más importantes del país, aunque su puntuación subió en el último año, ninguna alcanza calificación aprobatoria en el promedio. Este pasó de 37 a 47 puntos, sobre una base de 100.
La excepción es la cadena de restaurantes Toks, que saltó de 7.8 a 88.2… frente a 10 con entre cero y 100 puntos, y 122 con menos de 10.
Las firmas extranjeras tienen mejor calificación que las mexicanas.
