Confrontación. La SCJN dioentrada a la acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición.
Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes pretenden llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coinciden, en sus proyectos como candidatos, en la importancia de fortalecer y defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Quien resulte electo el próximo 2 de enero para presidir el órgano judicial en el período 2019-2022, lo hará en medio de una tensión en la que más de 2 mil integrantes del PJF iniciaron juicios de amparo para evitar que sus condiciones laborales se vean afectadas por las políticas austeras ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su proyecto, Ortiz Mena resalta que es preciso "defender la independencia judicial y mejorar la eficiencia y oportunidad de los servicios de impartición de justicia que brindamos", y puntualiza que no puede ignorarse que, "dado el contenido programático del nuevo Poder Ejecutivo federal, es previsible que ocurran cambios constitucionales, jurídicos e institucionales importantes. Si ese fuera el caso, el PJF estaría llamado a resolver los dilemas legales y constitucionales que dichos cambios impliquen.
"Como tribunal constitucional, estamos atados a valores que trascienden los vaivenes de la política. El régimen y diseño democrático nos otorgan garantías institucionales para independizarnos de otros poderes y resguardarnos de la sanción y el reproche de aquellos a quienes afectamos con nuestras decisiones, sean las mayorías, sean las minorías, sean los poderes fácticos, los económicos. Hay buenas razones para ello", subraya. Plantea consolidar una organización moderna, eficiente y eficaz, que promueva el combate a la corrupción y la eliminación de conflictos de interés con procesos administrativos transparentes, neutrales y medidos.
Pérez Dayán destacó en su proyecto que "la autonomía del PJF se fortalece en la medida que, desde la Suprema Corte, luchemos contra la impunidad y la corrupción, frente al abuso de la autoridad y la violación de los Derechos Humanos".
Plantea que para el eficiente funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de los mandatos constitucionales conferidos al PJF, "es necesario que revisemos y reorganicemos la distribución de los recursos públicos, a través de políticas públicas judiciales basadas en cuatro ejes: fortalecimiento y modernización de la labor jurisdiccional, eficiencia administrativa, transparencia y rendición de cuentas y derechos y acceso a la justicia".
Zaldívar Lelo de Larrea expuso que la próxima elección de presidente de la SCJN se presenta en un contexto en el que el discurso público ha sido crítico hacia el PJF. "En el marco del descontento generalizado con las instituciones, se nos han hecho duros señalamientos y algunas voces han apuntado a la necesidad de introducir reformas a las leyes que nos rigen.
"Adicionalmente, ha entrado en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya aplicación al PJF resulta problemática en el marco de las garantías institucionales que la Constitución establece. Ante este panorama, el principal desafío del próximo presidente de la Corte será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes".
Pardo Rebolledo resaltó: "La sociedad exige austeridad y estoy convencido de que el PJF puede esforzarse más para reordenar, redistribuir y, si es necesario, recortar el gasto". Afirmó: "El cambio político, social y económico que vive México trae consigo muchos retos, pero también muchas oportunidades para consolidarnos como un poder autónomo e independiente al servicio de la sociedad".
Explicó que las líneas generales que propone están dirigidas a consolidar, fortalecer y defender a un PJF que sea autónomo e independiente, legitimado ante la opinión pública y la nación en general, eficiente y moderno, comprometido con las demandas sociales y ejemplo internacional en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos.
