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AMLO recibe un país con alta conflictividad socioambiental

JULIO CÉSAR RAMÍREZ

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió el país con más de 500 conflictos socioambientales activos.

Un mapeo reciente de injusticias ambientales en México, coordinado por el biólogo de la UNAM Víctor Manuel Toledo, refleja 173 conflictos generados por minería, seguidos por 86 vinculados al agua, 74 de energía, 49 causados por megaproyectos turísticos, 38 provocados por expansión urbana, 37 forestales, 35 de carácter agrícola, 34 por residuos tóxicos y peligrosos, 16 por construcción de carreteras, 10 pesqueros y 8 biotecnológicos ocasionados básicamente por introducción de maíz y soya transgénicos.

Un número mayor a 500 conflictos ambientales en México también registra en 2018 el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), codirigido en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona por el especialista en economía ecológica Leah Temper y el economista catalán Joan Martínez Alier, y coordinado por la doctorante en ciencias ambientales Daniela del Bene.

Según Martínez Alier, uno de los indicadores del nivel de gravedad de los conflictos ambientales es que la vida de las personas ha sido vulnerada por el impacto ambiental, es decir por la contaminación u otros daños producidos por un proyecto, o por el asesinato de activistas que se manifiestan en contra de un proyecto determinado.

Cada conflicto supone la afectación de grupos humanos y de sus recursos locales, tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y propiedades, destrucción de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, afectación de mantos freáticos, lagunas, ríos o lagos, destrucción de fauna y flora y daños a los sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros.

En la mayoría de los casos, cada problema ha provocado respuesta de la población afectada y el surgimiento de redes de resistencia, así como la participación de asesores en materia científica y tecnológica, cultural y legal.

A su vez, los agentes provocadores de conflictos han respondido con negociación pero también con represión. Más de cien ambientalistas fueron asesinados entre 2000 y 2018, y existe un recuento de dirigentes y asesores presos injustamente.

Comunidades y asesores que participan en resistencias contra privatización y despojo de recursos naturales o afectaciones ambientales, han enfrentado una estrategia de violencia que incluye secuestros, privación ilegal de la libertad y fabricación de delitos.

Mediante este modelo de ingeniería social que se generaliza y reproduce en todo el país, consorcios mineros, energéticos, turísticos, biotecnológicos y carreteros, entre otros, que están detrás de los megaproyectos, intentan detener y desactivar las resistencias ciudadanas.

Estrategias empresariales y gubernamentales de administración de conflictos incluyen la división y confusión social, cooptación de personas con donativos para fiestas comunitarias, rehabilitación de escuelas e iglesias, viajes a lugares con proyectos similares donde supuestamente todo está bien y no hay ningún daño.

"No son apoyos, es un proceso de relacionamiento a largo plazo para generar una relación funcional con la comunidad", afirman asesores de empresas y gobiernos.

Empero, los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, así como los derechos de pueblos y comunidades son violentados y se les niega el derecho a la libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten legitimación y desarrollo de los proyectos.

El 2 de diciembre en Xalapa, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA, solicitó al presidente Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión una revisión pública del marco normativo "que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país".

En la revisión, dice, deben participar comunidades afectadas por los proyectos.

En su reciente visita a Guadalajara, el economista catalán Joan Martínez Alier insistió que los conceptos "desarrollo sostenible" y "crecimiento verde" son un engaño. La economía deteriora la naturaleza, dijo, y una prueba es que los ciudadanos protestan por ello. "En estos momentos en México hay 500 conflictos a raíz de desastres ambientales".

LAVIDA pide al nuevo Presidente: "Es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo".

@kardenche

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Escrito en: Julio César Ramírez

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