La abogada Aidé Saldaña y Macarena Carretero, quienes encabezan al Colectivo de Mujeres, comentaron que la detenida fue falsamente citada en un juzgado de la Ciudad de México, detenida arbitrariamente y encarcelada por el delito de fraude procesal. (ARCHIVO)
El Colectivo de Mujeres por una Correcta Impartición de Justicia, integrado por ciudadanos Quintana Roo y de la Ciudad de México, solicitaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, revisar el expediente de Irma de Los Ángeles Magaña Campos, empresaria hotelera, quien se encuentra presa desde el 10 de julio pasado por un delito, que de acuerdo con la organización, no cometió.
Llevaron una carta a la casa de transición de López Obrador en la que argumentan que la detención de Ángeles Magaña fue producto de engaños de abogados y de autoridades judiciales; también, explicaron que la inculpada se encuentra recluida en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla por un delito no grave y podría seguir con el proceso judicial en libertad.
La abogada Aidé Saldaña y Macarena Carretero, quienes encabezan al Colectivo de Mujeres, comentaron que la detenida fue falsamente citada en un juzgado de la Ciudad de México, detenida arbitrariamente y encarcelada por el delito de fraude procesal.
Al enviudar, en 2014, Magaña Campos toma la decisión de terminar de pagar un préstamo que su esposo había contraído en vida por 30 millones de dólares y que sólo restaban pagar 19 millones de dólares.
De acuerdo con sus defensoras, los abogados del fallecido cónyuge, le recomendaron con engaños firmar documentos que no entendía y donde se triplicó la deuda original, por lo que se mostró inconformidad y provocó su arresto.
Saldaña, informó que el objetivo de acudir a la casa de transición fue para solicitar la intervención del presidente electo, a fin de que gire instrucciones a su próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que revisen el expediente, que la mantiene recluida en el penal de Santa Martha desde julio pasado.
En el documento enviado a López Obrador, solicitaron al Poder Legislativo "tomar cartas en el asunto para evitar que sigan arbitrariedades de esta naturaleza".
Explicaron que el supuesto delito está clasificado como fraude procesal –considerado delito no grave- por lo cual la inculpada no debe permanecer detenida, por lineamientos del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio.
