XHace unos días, bajo la firma del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, se presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica contra Pemex Transformación Industrial, bajo cargos de ofrecer ventajas indebidas a ciertos agentes económicos en el mercado de gas LP.
XHace unos días, bajo la firma del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, se presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica contra Pemex Transformación Industrial, bajo cargos de ofrecer ventajas indebidas a ciertos agentes económicos en el mercado de gas LP.
Estamos hablando de ofrecer descuentos selectivos a la adquisición del producto, lo que en la práctica implicaría una acción monopólica relativa de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica.
En la exposición de motivos se habla de un daño a Petróleos Mexicanos por 29 mil millones de pesos.
Aunque en el papel se liberó el precio del combustible más requerido por las familias, lo que implicó la posibilidad de que particulares pudieran importarlo, el problema para pasar del dicho al hecho es la falta de infraestructura, por más que se abrió un escenario de venta de espacios de almacenamiento de Pemex.
Bajo el marco, la liberación se dio a medias, controlada por la Comisión Reguladora de Energía bajo la imposición de parámetros a quien mantenía prácticamente el monopolio de la producción y la importación.
A contrapelo de las reglas, Pemex ofreció descuentos de entre 24 y 35% a las distribuidoras con mayor poder de compras, es decir trato VIP a la clientela importante. Estamos hablando, concretamente, de los cinco grupos que acaparan 53% de la distribución.
Se calcula que en su inicio el regalote, pese a la amenaza de demandas ante la propia Comisión Federal de Competencia Económica, le habría causado a Pemex un daño patrimonial de 5 mil millones de pesos.
La justificación de la empresa productiva del Estado al hacerse públicas las denuncias era que en su momento tenía una sobreproducción. Naturalmente, la canonjía no repercutió de cara a los consumidores, golpeando de lleno a las empresas que habían importado el producto en condiciones vigentes en el mercado internacional el día de la operación, agregándose al costo de adquisición, el pago de aduana, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización.
A la luz verde para la importación privada, se crearon empresas importadoras en Hermosillo, Sonora; Torreón, Coahuila; Tuxpan, Veracruz, y Colima, Colima, a quienes la acción depredadora de Petróleos Mexicanos las dejaba sin opción de competencia.
Lo inaudito del caso es que pese a que los propietarios de las firmas tocaron todas las puertas, la práctica se mantiene intacta.
Habrá que ver si ahora sí hay castigo por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
El procedimiento se suma a otro, éste directamente contra gaseras por posibles prácticas monopólicas absolutas en la modalidad de colusión para fijar precios.
La denuncia, en este caso, la colocó en la mesa la Comisión Reguladora de Energía en agosto pasado, cuando el costo del combustible había crecido 42% a partir de su liberación, es decir desde enero de 2017.
Sin embargo, mientras el salto en Baja California llegaba a 70%, en la capital el monto alcanzaba 52%. La tarea es simple, limitar la oferta para presionar la demanda.
La paradoja del caso es que algunos de los acusados, así Global Gas, Regio Gas y Sena Gas, recibieron en su momento los descuentos de Pemex. A la apertura del mercado, la Comisión Federal de Competencia hizo público un documento bajo el título de Transición hacia mercados competitivos de energía y gas LP en el que se planteaba, justo, una regulación especial en materia de precios.
El documento quedó como pieza de museo.
BALANCE GENERAL
Castigada en Estados Unidos por prácticas corruptas para obtener contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la empresa Orthofix no ha cumplido con la reparación del daño pactada en el país del norte de entregar equipos ortopédicos por el equivalente a 3 millones de dólares, y sin embargo sigue siendo proveedora del organismo.
El caso, pese a la trascendencia internacional, no se castigó en México.
El pacto con la Corte de la ciudad de Plano, ubicada al norte de Texas, lo avalaron los abogados del despacho Maney & González-Félix en representación del instituto, a pesar de que originalmente se había presentado una demanda civil, argumentando que la trasnacional había dañado las finanzas del IMSS.
El proceso involucraba a una docena de funcionarios de la empresa, además de jefes de compras, médicos o encargados de almacén del IMSS. El cálculo hablaba de que los sobornos habían permitido la obtención de contratos por 8 millones de dólares.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el pacto concreto hablaba de 3 millones de dólares en aparatos ortopédicos y un millón más en efectivo.
RECOMENDACIONES
En la última y nos vamos con la actual composición del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al que concurre el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, se analizó la baja en la calidad crediticia del país de estable a negativa vía dos calificadoras, atribuida a la incertidumbre respecto a las políticas económicas que pudieran implementarse en los próximos años en el país.
Frente a ello, se recomienda al nuevo gobierno mantener un marco macroeconómico sólido que preserve la estabilidad financiera, además de contar con un andamiaje frente a eventuales choques adversos. A los bancos se les solicita dar seguimientos a las medidas de ciberseguridad, frente a la posibilidad de que los ataques se vuelvan sistemáticos.
INVITADO INCÓMODO
En sentido contrario a la ortodoxia, el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tuffic Miguel Ortega, está invitando al que será su relevo, Germán Martínez, a la última reunión del Consejo Técnico del organismo del sexenio. La pregunta es si se reclama que el saliente le dé una cálida despedida al entrante, o al revés, que uno le da la bienvenida al otro. En cualquiera de los casos, Martínez estaría forzado a destacar la actuación del saliente, a contrapelo de las críticas que se han externado.
COLETAZOS
Sin haber logrado el gobierno que Estados Unidos lo excluya del impuesto global al acero y al aluminio a unas horas de signarse el acuerdo mercantil con ese país y Canadá, el presidente Donald Trump está amenazando con una nueva zancadilla.
La pretensión, a contrapelo de los compromisos pactados en el T-MEC, es imponer un arancel especial a los automóviles que exporta al país. La reacción obedece a la decisión de General Motors de cerrar algunos de sus centros de producción en su país, lo que llevó a un primer berrinche del huésped de la Casa Blanca: "¿Y por qué no sacrificaron producción en México?".
RECONOCIMIENTO
La casa de vinos Origo, propiedad del empresario Raúl Beyruti, acaba de recibir cinco medallas en el concurso mundial que se celebra cada año en Bruselas, Bélgica. Uno de los premios denominado Revelación 2018, Gran Oro, fue para la marca de vino rosado Rosea.
