El 17 de noviembre tuve oportunidad de presentar el informe "Vidas borradas. La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México. 2006-2016", en la celebración del 15 aniversario del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), a orillas del río Papagayo en Salsipuedes, comunidad de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.
El informe es resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Oxfam México, en diálogo con el MAPDER, solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC).
Como explica la coordinadora de HIC-AL, Silvia Emanuelli, este organismo internacional CDESC tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI -que deberían haberse remitido en 2012- sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981.
Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el fin de contribuir a la tarea de supervisión del CDESC, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país y en torno a los obstáculos y retrocesos que su ejercicio enfrenta, e incluso les propusiera recomendaciones para que las dirigieran al gobierno de México.
En este contexto, HIC-AL, que ha colaborado en la elaboración del apartado sobre derecho a la vivienda adecuada en informes paralelos, creyó relevante poner bajo escrutinio del CDESC la realidad de los desalojos forzosos en el país, cuya problemática se replica día a día y de forma silenciosa en zonas urbanas y rurales, provoca efectos dramáticos en la vida de las personas que los sufren y viola su derecho a una vivienda adecuada, entre muchos otros.
HIC-AL decidió centrar el estudio en las poblaciones desalojadas a causa de las presas levantadas con fines hidráulicos e hidroeléctricos.
Así, Geocomunes acudió a fuentes oficiales, artículos de prensa y textos académicos. El resultado del análisis es contundente: en la mayoría de las presas ya construidas, las personas desplazadas han sido borradas del mapa del "desarrollo". No hay una base de datos oficial sobre las afectaciones causadas por la construcción de presas en el país.
Tan es así que únicamente hay algo de información de cinco de los 35 proyectos estudiados con mayor amplitud; es decir, de 14% del total instalado en el periodo 2006-2016, que fue 259. Hay escasez y contradicción de datos oficiales.
Si quienes son desalojados no son contabilizados o lo son de forma no fehaciente, resulta imposible que reciban indemnización y reparación del daño acordes con los instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos humanos, entre ellos los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, los cuales no son aplicados por el Estado mexicano, por lo que se convierten en desalojos ilegales.
Los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron un legado innumerable de violaciones a los derechos humanos.
Otro dato muy alarmante en que en muchos de los 35 proyectos examinados surgieron conflictos sociales en los que se verificaron por lo menos ocho asesinatos.
Es de subrayar que los resultados de esta investigación, como parte de los datos ofrecidos en el apartado sobre desalojos forzosos del informe conjunto de sociedad civil sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017, merecieron la atención del CDESC, pues en el párrafo 53 de las observaciones finales del 17 de abril de 2018, afirmó:
"Preocupan al Comité las informaciones recibidas sobre desalojos forzosos llevados a cabo en el Estado parte sin las garantías de procedimiento y protección legal adecuadas de las personas, familias y comunidades desalojadas (artículo 11)."
Es necesario que el gobierno se responsabilice de sistematizar rigurosamente los daños causados por estos proyectos, así como de dar seguimiento pleno a las poblaciones desplazadas y afectadas.
@kardenche
