Tanto ha anunciado Andrés Manuel López Obrador cuanto quiere hacer, que liberó a Enrique Peña Nieto de la obligación de responder por lo que hizo. En esa tesitura, generó una paradoja: inquieta lo que pueda ocurrir, no asombra lo sucedido.
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Esa paradoja ha dado lugar a infinidad de contrasentidos y, algo peor, ha reanimado la polarización.
Es un contrasentido que Enrique Peña Nieto presuma haber cumplido, según él, la mayoría de sus compromisos y eluda hablar de la inconmensurable crisis que hereda en materia de seguridad, derechos humanos y corrupción. Es un contrasentido que los gobernadores digan sentirse como "invitados" ante la proyectada política de seguridad pública, cuando, en ese campo, muchos de ellos han sido unos "gorrones" o "conchudos". Es un contrasentido -por el debate sin matices- temer por la militarización de la seguridad, cuando por la puerta de atrás ésta se militarizó desde hace tiempo. Es un contrasentido repudiar la amnistía a los corruptos, cuando por décadas la impunidad ha sido su salvoconducto y, ahora, es menester decidir qué hacer con el pasado y con ellos.
Infinidad de paradojas o contrasentidos se están dando a raíz del afán de Andrés Manuel López Obrador de ocupar y acaparar el espacio mediático, sin encontrar en la pausa y el silencio la oportunidad de exhibir, sin denunciar, al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.
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En el plano del querer, qué mejor que tener de vuelta en los cuarteles a las Fuerzas Armadas y contar con gobernadores volcados en la profesionalización de las policías estatales. La realidad, sin embargo, es otra. Los gobernadores que ahora demandan ser tomados en cuenta, resbalaron su responsabilidad en materia de seguridad a la Federación. Hay regiones dominadas por el crimen, y las policías -dicho con suavidad- no funcionan. De hecho, si se devolviera a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, en más de un lugar, gobernaría a sus anchas el crimen, no los susceptibles mandatarios estatales.
El debate anterior, no el actual, se concentró en determinar si convenía o no un mando único o mixto policial, pero nunca se abordó en serio a quién mandar: las policías municipales y estatales están destrozadas, así como una buena porción de la federal y la de investigación están penetradas o corrompidas por el crimen.
En cierto modo, vía fiscal, los contribuyentes hemos subsidiado al crimen, poniendo a su disposición personal vehículos, equipo y armamento a través de las policías que, lejos de ver por la ciudadanía, sirven y protegen a la delincuencia. En rigor, el juicio de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York ha sido la condena del sistema de seguridad y persecución del delito en México. Las revelaciones de allá advierten aquí el grado de descomposición en los cuerpos de seguridad.
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El punto delicado es la polarización adonde tiende a derivar el debate sobre infinidad de asuntos del interés público.
Absurdamente el presidente electo ha llevado la discusión al campo del "sí" o el "no", del blanco y el negro. Participar, así, sin matices en la discusión, es formar filas -en el concepto de López Obrador- con los aliados o los adversarios, los liberales o los conservadores.
El tino en la comunicación del próximo jefe del Ejecutivo con los amplios sectores sociales que lo apoyan, es desatino en la comunicación con los especialistas, académicos, intelectuales, empresarios, inversionistas, activistas sociales y periodistas que cuestionan el concepto, el ritmo y el sentido de algunos de sus planes, pero no necesariamente resisten el propósito.
No se trata, desde luego, de reinstalar el doble discurso como la forma de dar satisfacción a los distintos, sino de abrir espacio a los matices y evitar que la polarización anule el debate y, con ello, se incurra en la imposibilidad de configurar las mejores políticas para salir del socavón donde dejaron al país quienes hoy quieren irse ya a jugar golf.
Si la sobresimplificación del planteamiento de los problemas le ha permitido a Andrés Manuel López Obrador entenderse con sus bases y no solo mantener, sino acrecentar el respaldo popular a su favor; la falta de detalle y precisión en los planteamientos ante quienes conocen la materia sujeta a debate ha provocado un distanciamiento con ellos. Y, sobra decirlo, de ambos actores requiere el presidente electo si, en verdad, pretende llevar a cabo un cambio en paz y sin ruptura.
La tensión generada por el modo de plantear los planes del próximo gobierno ha generado también algo curioso. El echar mano de un importante recurso de participación como lo son las consultas populares. A ellas recurre el próximo mandatario, a veces, como el ardid para justificar decisiones ya tomadas y, a veces, como el rescate del derecho a incidir sobre las grandes decisiones. Sin embargo, en su reverso, el recurso deja ver un titubeo que asombra en Andrés Manuel López Obrador.
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El próximo sábado arranca un nuevo sexenio. El electorado ya ensayó la alternancia sin alternativa con el partido albiazul, ya repuso a la fuerza tricolor que por décadas dominó la escena política y echó a la basura su segunda oportunidad. Toca el turno a Andrés Manuel López Obrador que tiene ante sí un desafío colosal, pero también un respaldo inmenso.
Si el próximo presidente de la República sabe administrar el respaldo popular, controlar y coordinar su fuerza, respetar a quienes disienten, ejercer con inteligencia el poder y gobernar sin desbocamiento ni precipitación, el futuro podrá verse sin la inquietud que hoy desvanece el insoportable pasado de donde venimos.
El socavón Gerardo Ruiz
Esta es la última referencia al socavón dejado por la administración a punto de irse, sin haber conseguido erguirse en un gobierno honesto y eficaz.
