En un régimen republicano y democrático, la normalidad institucional indica que las tareas de seguridad pública deben ser desempeñadas por fuerzas civiles y la protección de la seguridad nacional debe estar a cargo de las fuerzas militares. Las amenazas internas deben ser conjuradas por las autoridades policiales con labores de inteligencia, reacción y prevención. Corresponde a las autoridades castrenses enfrentar las amenazas externas con los recursos de que dispone.
Aunque en principio resulte necesario y urgente, mezclar o desplegar ambas fuerzas para las tareas de vigilancia policial abre una ventana de riesgo de deterioro de los Derechos Humanos y de desgaste para la milicia, tal y como se ha observado en México desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón decidió “declarar la guerra” al crimen organizado sin que hasta ahora haya mejorado la situación de seguridad en el país, y las cifras indican que, por el contrario, ha empeorado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En el fondo este es el argumento central de quienes se oponen a la militarización de la seguridad pública en México, mismos que la semana pasada aplaudieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la Ley de Seguridad Interior, la cual, a su ver, perpetuaba las tareas policiales de las fuerzas armadas. La razón de la mayoría de los ministros para echar abajo la polémica normativa fue que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carece de las facultades para legislar el papel del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México en tareas que corresponden a las instituciones policiales.
Pero el beneplácito con el que asociaciones civiles recibieron la noticia de la invalidación de la Ley de Seguridad Interior se vio opacado por la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto que dicho plan no es lo que en su momento plantearon Calderón y Peña Nieto, uno de sus ocho ejes abunda en la ruta del uso de las fuerzas armadas en labores policiales, a pesar de que el futuro mandatario había prometido durante su campaña terminar con la militarización de la seguridad pública básicamente por los mismos argumentos expuestos al inicio.
No es una sorpresa la inclusión de la creación de una Guardia Nacional bajo el mando de las instituciones castrenses en la propuesta de López Obrador, ya que casi inmediatamente después de la elección del 1 de julio él y su equipo matizaron el discurso y establecieron que no sería tan fácil sacar al Ejército y la Marina de las calles de las ciudades para regresarlos a sus cuarteles y que, además, no sería conveniente. La salida que encontraron fue la de crear un cuerpo nuevo en donde se mezclen soldados, marinos y policías federales que responderán a las órdenes de un mando militar. No es lo mismo que lo hecho por Calderón y Peña Nieto, pero sí una nueva versión de la militarización de la seguridad pública.
En este sentido, no se debe quitar el dedo del reglón: la situación por la que atraviesa la República, con una criminalidad rampante y fuerzas castrenses haciendo labores de vigilancia policial, representa una anormalidad que tarde o temprano debe ser subsanada fortaleciendo las instituciones civiles de seguridad y procuración de justicia, y ese tendría que ser el principal compromiso del gobierno que está por iniciar. No hacerlo sería una irresponsabilidad mayor que haría de esa anormalidad una regla, como pretendió hacerlo el gobierno que está por terminar con la Ley de Seguridad Interior.
