Si tan sólo rescata al país de la fosa, detiene el peregrinar en busca del familiar desaparecido o en fuga del terruño arrasado por el miedo, y libera del crimen plazas y caminos, Andrés Manuel López Obrador podrá ceñirse la guirnalda de olivos que lo obsesiona.
Desde hace doce años, la memoria y la convivencia colectivas han sido heridas una y otra vez por brutales hechos de sangre y dolor, sólo concebibles en una guerra cobijada por la impunidad criminal y la pusilanimidad política, animada por la barbarie y la incuria.
Darle -como dice John Lennon- una oportunidad a la paz sería una gran hazaña..., sin embargo, el plan diseñado para ello no acaba de anclar el anhelo. Propone reconocibles giros y aciertos, buenas ideas y abundantes propósitos, como también incurre en contradicciones y cambios de nombres y uniformes con tal de no llamar por su nombre a las cosas.
Explorar un derrotero distinto sin un mapa preciso y una hoja de ruta es una aventura, puede encumbrar o desbarrancar al próximo gobierno. Al menos a diferencia de las dos anteriores administraciones, éste ha hecho pública su decisión de intentarlo.
Ojalá logre el objetivo, la reconciliación y la paz con justicia.
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Entusiasma dejar el concepto unidimensional de restablecer la seguridad pública a punta de balazos sobre la base de un modelo represivo-policial. Esa visión, aparte de provocar muertos y desaparecidos, sólo alienta la lógica de la guerra, impulsa la carrera armamentista con su espiral de violencia y prohíja la simbiosis de policías y criminales.
Comprender la complejidad de la crisis de inseguridad, reconociendo su carácter poliédrico y multidimensional es meritorio. Más todavía, al incorporar a su estrategia políticas relacionadas con el empleo, la educación y la salud.
Apartarse del enfoque prohibicionista en la política de drogas, en particular de la mariguana, y agregar políticas de empleo y educación para los jóvenes marginados -carne y ejército de reserva del crimen- es justo apreciarlo, más cuando una y otra política cuentan ya con asiento legislativo y respaldo programático. Ahí está la iniciativa para regular la producción, comercio y consumo de mariguana, como también el programa "Jóvenes construyendo el futuro", con proyecto y objetivo presupuestado.
Falta por ver si la combinación y conjugación de la política social y la de seguridad se articulan bien y pronto, para arrojar el resultado previsto en el plazo fijado.
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Contradictorio resulta que justo al invalidarse por la Suprema Corte la Ley de Seguridad Interior por militarizar la seguridad, el nuevo gobierno proponga una reforma constitucional para reponer la seguridad a partir de su militarización, habilitando la Guardia Nacional y adscribiéndola en mando y pertenencia a la Defensa.
Empero, cuál no será la descomposición de las policías y su complicidad con el crimen que, pese al repudio social y el costo político, el próximo gabinete de seguridad resolvió militarizar ésta.
Inquieta e inquieta muchísimo esa intención. Pero, tras el fracaso del actual y anterior gobierno y la pusilanimidad de los gobernadores en la profesionalización, control, certificación y equipamiento de las policías, el margen de maniobra inmediato y mediato es reducido. Como quiera, se echa de menos en el Plan el acento en el rescate de esos cuerpos, si algún día se piensa regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
Asombra esa omisión, pero más la queja de algunos gobernadores temiendo la ruptura del pacto federal, cuando desde hace años su negligencia rompió el pacto social. Con qué cara reclamar respeto a su soberanía, si la entregaron o cedieron a la delincuencia y endosaron su responsabilidad a las instancias federales.
Compatibilizar la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos con la militarización de la política de seguridad pública exigirá un esfuerzo, coordinación, empeño, comprensión y cuidado inauditos a los virtuales secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina.
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Hay, además, un detalle revelador. A lo mejor un simple error de dedo y no un profundo desconocimiento de la Constitución. Lo advirtió un acucioso amigo.
En el resumen del Plan Nacional de Paz y Seguridad se señala que, a fin de conformar la Guardia Nacional, se propondrá modificar la fracción XV del artículo 76 de la Constitución. Empero, ese precepto tiene sólo catorce fracciones, no quince. Se trata, sin duda, de la fracción IV que refiere la facultad del Senado para consentir que "el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional...". ¿Cómo explicar el descuido?
Regalar motivos para negar la modificación es absurdo, sobre todo sabiendo que, en orfandad, la oposición busca ganar puntos, asumiendo posturas políticamente correctas, aunque la realidad demande medidas de emergencia.
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Explicación particular merece la decisión de establecer 266 regiones en materia de seguridad.
Poco se dice al respecto y, curiosamente, si a ese número de regiones se agregan los distritos electorales de la Ciudad de México y los conurbados del Edomex, el total suma los 300 distritos que integran el mapa electoral de la República.
¿Cuál fue el criterio para definir esas regiones y considerar que la capital de la República y su zona conurbada no requieren de la Guardia Nacional?
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El próximo gobierno ha anunciado su plan de seguridad, echando mano de viejos y nuevos recursos. En menos de tres años se sabrá si acertó o falló en esa materia, que tanto daño y dolor ha provocado al país.
El socavón Gerardo Ruiz
Restan un par de semanas, entonces, muchos funcionarios del actual gobierno podrán meter la cabeza en el socavón o el hoyo de golf y fingir olvido.
