La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recibió información sobre la presunta criminalización de personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México.
Tras el análisis de la información recogida, incluida la contenida en el expediente judicial, la ONU-DH consideró que en primera instancia la administración de justicia no habría observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso legal de Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, personas indígenas nahua de Tlanixco, quienes fueron condenadas a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017.
La ONU-DH considera que el actual proceso de apelación es oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados.
Desde la década de los años ochenta la comunidad indígena de Tlanixco vive un conflicto con el sector floricultor del municipio colindante de Villa Guerrero por el uso del agua.
En Tlanixco el uso primordial es para consumo humano, mientras en el segundo municipio es para fines comerciales.
La Comisión Nacional del Agua y el gobierno del Estado de México establecieron mesas de diálogo para buscar solución al problema, pero ésta no se ha alcanzado.
El 1 de abril de 2003, tras el ingreso a Tlanixco de forma inesperada de 12 personas de Villa Guerrero, se sucedió una serie de eventos que culminaron con la muerte de Alejandro Isaak Basso, empresario floricultor de Villa Guerrero. A raíz de esos hechos varios comuneros de Tlanixco fueron detenidos y seis defensores indígenas condenados.
Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González fueron sentenciados en primera instancia el 27 de noviembre de 2017 a 50 años de prisión.
Sánchez Berriozábal fue detenido el 12 de diciembre de 2006, Pérez González al día siguiente y Dominga González el 15 de junio de 2007, por lo que las tres personas pasaron más de 10 años en prisión preventiva antes de recibir sentencia.
Dice la ONU-DH en su comunicado del 30 de octubre: "Estas tres personas, junto con otros tres defensores indígenas de la misma comunidad que también fueron detenidos y condenados por los mismos hechos, defendían el derecho al agua de la comunidad de Tlanixco, ocupando diferentes cargos para la gestión comunitaria del río que cruza el referido lugar".
A partir del examen de información recibida de distintas fuentes, incluido el expediente judicial, la ONU-DH realizó una serie de observaciones vinculadas con el derecho al debido proceso legal en relación con la presunción de inocencia, valoración de testimonios, individualización de la pena y duración de la prisión preventiva.
A pesar de lo anterior, el juez determinó que se acreditaba responsabilidad penal con las pruebas presentadas, "particularmente con declaraciones que rindieron testigos presenciales de los hechos". Sin embargo, responde la ONU-DH, la credibilidad de estos testimonios se ve socabada por incluir señalamientos contra personas que no podían estar en el lugar de los hechos. Una presentaba discapacidad, otra se encontraba dando clases en una escuela, y la tercera "mucho antes de los hechos había fallecido".
En conclusión, los elementos analizados permitieron a la ONU-DH expresar su "preocupación por la falta de garantías al debido proceso en este juicio. Adicionalmente, la secuencia de violaciones al debido proceso legal puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia."
Manifiesta la ONU-DH: "Considerando la importancia de este caso -ilustrativo de un fenómeno preocupante- y respetando plenamente la independencia del poder judicial, la ONU-DH manifiesta su preocupación en cuanto a la presunta existencia de violaciones a los derechos humanos -que no se limitarían a lo expuesto en este documento- de las tres personas indígenas nahua, condenadas a 50 años de prisión".
Ante la inminencia de una decisión de segunda instancia en el proceso de apelación de Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, el representante de la ONU-DH, Jan Jarab, manifestó su plena confianza en que "el Tribunal llevará a cabo un proceso ejemplar, con la independencia necesaria para analizar el fondo de la causa y garantizar justicia para las tres personas imputadas".
@kardenche
