Ratificó la necesidad de que la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujete estrictamente a lo previsto por la Constitución. (ARCHIVO)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludó e hizo un reconocimiento a la determinación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la Ley de Seguridad Interior y ratificó la necesidad de que la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujete estrictamente a lo previsto por la Constitución.
Además, que su actuación sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo sus intervenciones en materia de seguridad y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese rubro, sostuvo el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.
Al término de la inauguración del Congreso Nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, celebrado en Querétaro, destacó que el fallo del alto tribunal hace eco de los argumentos contenidos en las diferentes acciones de inconstitucionalidad que se promovieron.
Una de ellas, dijo, fue interpuesta por la propia CNDH, recogiendo las opiniones y observaciones de diversos organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos en la materia.
“La invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo”, remarcó.
González Pérez sostuvo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares.
Dijo que el documento enfatiza acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas.
Ello, anotó, sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esa materia.
El titular de la CNDH señaló que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone.
Para ello, opinó, será necesaria una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles.
Al respecto, llamó la atención sobre la necesidad de que se contemple un plan específico para la revisión, capacitación y operación de las policías civiles en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, cuestión que el Plan Nacional no incluye.
Desde la CNDH, abundó, se ha demandado, como un derecho humano que las personas cuenten con una seguridad verdadera y efectiva, misma que no puede darse a cualquier costo, en tanto tiene que partir del respeto a los derechos humanos, a los postulados reconocidos internacionalmente en la materia y con estricto apego al régimen constitucional y democrático.
“Privilegiar esquemas reactivos sustentados en el uso de la fuerza no contribuirá a la pacificación del país ni al abatimiento de la violencia. La paz no se puede construir con sustento en el uso de la fuerza y el debilitamiento de las autoridades civiles”, enfatizó.
Cuestionado adicionalmente sobre las acciones de la CNDH en favor de la “Caminata Migrante”, indicó que se da acompañamiento en todo el trayecto en el que se han observado ambigüedades y tratos diferenciales, dependiendo de los lugares por donde atraviesa.
Señaló que primero se privilegió una política de contención antes que el trato humanitario y destacó que también debe haber una política de congruencia en favor de quienes sufren dolor, enfrentan necesidades y huyen de la violencia en sus países de origen. La regularización solicitada para los connacionales en Estados Unidos debe darse a las personas que cruzan por el país, aseguró.
El ombudsperson nacional refirió que no ha habido atención suficiente, en especial para mujeres, niñas, niños y personas con alguna discapacidad, a fin de facilitarles mejores condiciones de tránsito, lo que no quiere decir que se incumpla la ley, sino que se haga compatible con el trato humanitario, pues recordó que antes de ser migrantes son personas.
Finalmente, González Pérez dio a conocer que personal de la CNDH ya está en Tijuana, Baja California, donde busca que se brinde a las personas en condición de movilidad atención humanitaria y se hacen llamados a las autoridades estadounidenses para que dejen de lado los discursos de odio, xenófobos y racistas.
