De acuerdo a lo establecido en la "Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila", las dependencias gubernamentales, incluidas las municipales, deben presentar cada trimestre al Congreso local un Informe de Avance de Gestión Financiera. Así, para el período julio a septiembre, tuvieron hasta el pasado 31 de octubre para hacer llegar dicho Informe.
El Congreso del Estado, por conducto de su Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino, turnó a su vez esos informes trimestrales que se recibieron de 148 dependencias (entidades fiscalizadas se les llama), tanto estatales como municipales (alrededor de un cuarto de tonelada de papeles, aunque la información también se recibe digitalizada en discos compactos), a la Auditoria Superior del Estado para su revisión y fiscalización.
Una de esas 148 dependencias que enviaron su informe trimestral de avance de gestión financiera fue, naturalmente, el gobierno del estado, es decir, el Poder Ejecutivo local. Como es de suponer esta entidad es, por mucho, la que mayores recursos maneja. Por ello bien vale la pena dedicarle a ese informe sendos comentarios, el de este artículo y el de la próxima semana.
A quien analice con detenimiento las cifras de ese Informe, le surgen numerosas dudas. De verdad son muchas. Pero ante la imposibilidad de hacer referencia a todas, en esta ocasión me limitaré a tres.
Una primera consiste en preguntarse por qué se reporta un gasto tan elevado en la cuenta denominada "Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios", rubro al que se destinaron en los primeros nueve meses de 2018 nada menos que 614 millones de pesos, aunque se tiene previsto erogar durante todo el año 784 millones.
¿Exactamente en qué consisten esos "servicios" y concretamente a quiénes se les están pagando? El Informe no dice más. Y con eso de que el Secretario de Finanzas se niega a comparecer ante los diputados para que explique ésta y muchas otras cuestiones de su ramo que requieren ser aclaradas, es que los legisladores se quedan sin conocer de qué realmente se trata.
Pero lo que más llama la atención de esa partida es que al aprobarse el presupuesto de egresos para 2018 sólo se le autorizaron 36 millones de pesos y luego, sin explicar la razón, se le hizo una ampliación de 748 millones más, hasta sumar los 784 millones de pesos mencionados. Con esta danza de cifras cualquiera se queda no sólo intrigado sino pasmado.
Otro dato que llama la atención es el monto que el Presupuesto 2018 destinó a la partida de "Servicios de comunicación social y publicidad". Para este rubro se autorizaron inicialmente 518 millones de pesos para todo el año, lo cual parece -y de hecho es- una cifra desmesurada. Pero la cosa no paró ahí, porque a septiembre ya se llevaban gastados 581 millones y se tiene previsto que el año concluya con un gasto total por este concepto por 622 millones de pesos. Es decir, más de cien millones de pesos adicionales a la cifra que ya de suyo era estratosférica. ¿Qué explicación se da? Ninguna. En otra oportunidad haré referencia sobre este punto a un interesante análisis que al respecto hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al gasto en publicidad del gobierno de Coahuila.
Un tercer dato relevante es el relativo a la Inversión Pública. Para este sí verdaderamente importante rubro, porque básicamente comprende obra pública productiva, inicialmente el Presupuesto de Egresos 2018 destinó 4 mil 545 millones de pesos. Aunque esta cifra parece elevada, en realidad no lo es, pues apenas significa el 9.5 por ciento del total del presupuesto. De acuerdo con los teóricos de las finanzas públicas, el gasto de inversión debe andar cuando menos entre 15 y 20 por ciento del presupuesto total. Si se tiene menos del 10 por ciento, significa entonces que se está lejos de lo que se considera adecuado.
Como dato adicional relativo a la inversión pública queda la duda de si realmente se ejercerá en su totalidad, pues al noveno mes del año, que representa el 75 por ciento de éste, sólo se llevaba invertido el 42 por ciento del total. ¿Alcanzará el tiempo para evitar el subejercicio de la inversión pública programada?
