Manotazo en la mesa
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco por parte de Andrés Manuel López Obrador es un manotazo en la mesa en el que la consulta popular celebrada en medio de la controversia sólo sirve de coartada. Desde la campaña electoral, incluso antes, el hoy presidente electo dejó en claro su animadversión hacia el proyecto lanzado y financiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las críticas lopezobradoristas se han centrado desde entonces en el gasto oneroso de la obra y la corrupción con la que presume se firmaron algunos contratos. Para el izquierdista, el NAIM simboliza no sólo el censurable modus operandi de la administración peñista, sino sobre todo la complicidad de lo que él llama la “mafia del poder”, es decir, el contubernio entre algunos poderosos integrantes de la Iniciativa Privada y el gobierno federal.
Pero el manotazo va más allá del simple hecho de no permitir proyectos que, a su juicio, están manchados por la corrupción. López Obrador pretende mandar un claro mensaje a la élite empresarial del país y hacer evidente quién manda a partir de ahora. La visión del presidente electo, que ha sostenido públicamente en numerosas ocasiones, es que un pequeño grupo de empresarios, trasnacionales y nacionales, se ha “adueñado” del país en alianza con grupos políticos del PRI y el PAN y que son aquellos quienes dictan las reglas económicas. En esa lógica, el manotazo pretende establecer un nuevo juego, unas nuevas normas, en donde el presidente es quien manda con el respaldo del electorado, por eso la consulta.
El argumento de fondo puede parecer lógico y hasta loable: en una república democrática el poder debe recaer exclusivamente sobre las instituciones administradas por los representantes elegidos por la ciudadanía, no en los representantes del gran capital, organizaciones religiosas, fuerzas castrenses o grupos cerrados de interés político. El problema con la forma de proceder de AMLO es que parece que para él el fin justifica los medios, por más cuestionables que estos sean. Ya se dijo en este mismo espacio: la consulta realizada por el partido del futuro mandatario no tiene validez legal ni credibilidad alguna por la forma en la que se llevó a cabo, por lo tanto, no puede convertirse en mandato legal ni moral.
Debe quedar claro que la cancelación del NAIM, o cualquier otro proyecto de tal envergadura o menor, está dentro de las facultades legales del presidente una vez que entre en funciones, y en consecuencia, el único responsable de esa decisión es el propio López Obrador. Intentar justificar la acción bajo el argumento de la aplicación de un instrumento político tan mal concebido y ejecutado como la consulta es mera demagogia que en nada abona a lo que se supone es uno de los objetivos del futuro mandatario: fortalecer la democracia participativa en México. Porque figuras como la consulta, el plebiscito o el referéndum son tan buenas como los gobiernos las puedan llevar a cabo. Manosearlas para disfrazar decisiones ya tomadas previamente, como es el caso del NAIM, sólo contribuye a su trivialización.
Por otra parte, es evidente que López Obrador está dispuesto a usar su poder, respaldado por más de la mitad de los electores que ejercieron su derecho el pasado 1 de julio. Pero ese poder, como en toda república democrática, debe contar con límites, contrapesos y fortalezas institucionales que impidan que se use de forma contraria a los preceptos constitucionales y, sobre todo, al interés colectivo de la Nación. De lo contrario, el gobierno de López Obrador corre el riesgo de incurrir en los mismos vicios de sus antecesores, que tanto criticó, muchas veces con justa razón.
