En diversas ocasiones se ha hecho referencia en este espacio a la "Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila", promulgada en 2011. Ha sido con motivo del creciente deterioro en la prestación de ese servicio al gremio magisterial. Y a raíz, asimismo, de la irritación que causó entre los maestros jubilados la reforma a dicho ordenamiento, hace un par de años, que los obligó a aportar el tres por ciento de sus percepciones. Aportación de la que, como es lógico, habían quedado liberados desde su retiro del servicio activo.
Por las razones anteriores, el pasado 8 de mayo la Coalición de Trabajadores de la Educación presentó, por la vía de iniciativa popular, un proyecto de nueva Ley del Servicio Médico. En los términos de lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso (LOC), esa iniciativa debió haber sido dictaminada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la que se turnó para ese objeto, a más tardar el pasado 11 de agosto. Pasaron los días, y nada de dictamen. La demora en dictaminar causó gran enojo en los autores de la iniciativa popular.
Con la prórroga que la ley concede para emitir dictamen, éste debió tenerse listo para presentarse al Pleno de los diputados a más tardar el 10 de octubre. Por la tardanza, las protestas de los maestros inconformes arreciaron. Lo cual hizo que el gobernador también presentara su iniciativa, lo que sucedió el 3 de octubre. A partir de esta fecha, las cosas cambiaron radicalmente. De la lentitud en el trámite legislativo se pasó a la rapidez en el proceso. Del arrastre de pies al correr a toda prisa. De la congelación al vapor en el tratamiento legislativo. Al más puro estilo del priismo de siempre.
Cuando la elaboración del dictamen tardaba en prepararse, los diputados del PRI argumentaban que por tratarse de un asunto delicado dado su impacto en el ámbito económico-presupuestal, se hacía necesario tomar las cosas con calma. Que sería una gran irresponsabilidad dictaminar "la iniciativa de los maestros", así la llamaban, sin los estudios necesarios, sin los cálculos actuariales pertinentes, sin un debido y profundo análisis. Me parecía que ni ellos se creían los pretextos que aducían.
El anterior y ya defenestrado coordinador de los diputados priistas, en varias ocasiones que el tema fue tratado con él, mencionaba cada vez diferentes cifras, todas en decenas de millones de pesos por mes, que le significarían al erario aprobar "la iniciativa de los maestros". Y ponía cara de preocupación. Pero de repente todo cambió: él se fue, llegó la iniciativa del gobernador y la maquinaria legislativa empezó a funcionar con impresionante rapidez.
A los pocos días de recibida la iniciativa del gobernador ya tenían listo un predictamen. Celebraron apresuradamente algunas reuniones de audiencia pública para simular que todos los interesados fueron tomados en cuenta. En brevísimo tiempo pretendían que ya se aprobara el dictamen y llevarlo de inmediato al pleno para su discusión y aprobación. Ahora fue la oposición la que pidió tiempo para analizar el proyecto. Los priistas se negaron.
Así, en la sesión del pasado 23 de octubre el dictamen llegó al Pleno. Yo, como presidente de la mesa directiva y por ello responsable de la conducción de las sesiones, dejé la presidencia, como lo indica la ley, para participar en el debate. Hasta ahora éste es el de mayor duración en lo que va de la actual 61 Legislatura.
Tuve una primera intervención para solicitar con fundamento en el art. 169, fracción V, de la LOC, una moción suspensiva. Ello a fin de conocer mejor el contenido del extenso dictamen, apenas desahogado el día anterior por la Comisión respectiva. Y que obviamente los diputados que no formamos parte de ésta dispusimos de un menor tiempo aún para imponernos del mismo.
Argumenté una grave omisión del documento. En su art. 169, inciso "b", la LOC dispone que en este tipo de casos los dictámenes "deberán incluir un análisis de impacto regulatorio y económico". Y como el presentado por la Comisión no lo traía, era necesario exigirlo. La mayoría numérica, que incluye a las diputadas de Morena y del PRD, votó en contra. Con ello quedó plenamente probado que lo que antes argüían los priistas para demorar el dictamen, era simplemente pretexto.
La nueva ley en la materia luego de amplia discusión en medio de gritos y rechiflas de una agresiva claque acarreada por el PRI, fue aprobada sin admitir cambio alguno por la citada mayoría numérica, que votó en todos los casos como por reflejo condicionado.
La ley tiene algunos avances, pocos y mínimos. Tarde o temprano, creo que más temprano que tarde, el servicio médico y todo el sistema de seguridad social de los maestros -y en general de la burocracia estatal- colapsará. Sólo es cuestión de tiempo.
Se dice que conforme al diseño de la nueva ley la dirigencia de la sección 38 del SNTE dejará de tener el control absoluto del Servicio Médico, más bien del saqueo de éste. Falso. Y va un botón de muestra:
Aunque supuestamente esa camarilla sindical ya no tendrá el control total del Consejo de Administración del Instituto del Servicio Médico, poco importa si subsisten, por ejemplo, disposiciones por increíbles que parezcan, como la siguiente: Que el Consejo de Administración ha de "Gestionar ante el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE… la contratación y el nombramiento del personal necesario para la atención eficiente del Organismo" (art. 27-X). Es decir, médicos, administradores y todo el personal serán designados por aquella insolente camarilla. ¿Dónde está el avance?
