¿Es posible que un atraco real y verdadero pueda ser cometido por empresas fantasma, es decir, inexistentes? En teoría no, pero en Coahuila, donde todo puede suceder, hasta ahora parece que sí. En un Estado de Derecho, donde las instituciones funcionan, tal impunidad no puede ni debe ser. Pero, otra vez, en Coahuila todo puede suceder. Veamos el caso:
El 26 de septiembre de 2016 un diario de los llamados nacionales publicó los resultados de uno de sus trabajos de investigación periodística. Informó que varias dependencias del gobierno de Coahuila contrataron, por asignación directa, servicios de consultaría que difícilmente se pudieron haber recibido. Pero que religiosamente se pagaron. Proveedores fantasma de servicios ficticios. Dio al efecto el periódico datos específicos y pormenores. Señaló a trece empresas, las cuales facturaron 216 millones de pesos.
Apenas un día después de la publicación periodística, es decir, el 27 de septiembre, diputados de oposición presentaron al Congreso del Estado un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado. Éste planteó "solicitar a la Auditoria Superior del Estado (ASE) iniciar de inmediato una revisión de las empresas consultoras que reciben pagos del erario coahuilense a pesar de no existir legal y formalmente ni acreditar los requisitos que todo proveedor del Poder Ejecutivo local debe cumplir conforme a derecho".
El Acuerdo aprobado por el Congreso fue recibido por la ASE nueve días después: el 6 de octubre. Al quinto día posterior, el 11 de octubre de ese año, 2016, la ASE inició "visita domiciliaria" a la Secretaría de Finanzas estatal para revisar las operaciones de las "empresas consultoras" por los años 2015 y 2016.
Sólo una parte de la información requerida por la ASE le fue entregada por la Secretaría de Finanzas el 25 de octubre, fecha señalada para ello, y otra parte ya de manera extemporánea: el 7 de noviembre. Cuatro días después, el 11 de noviembre, la ASE emitió un informe sobre el avance de la revisión encomendada por el Congreso.
Al menos cuatro datos son de destacar del informe preliminar de la ASE. Uno de entrada: Que las facturas cobradas por las empresas fantasma no sumaron 216 millones de pesos sino más del doble: 427 millones, que incluyen pagos efectuados durante el ejercicio de 2014.
Por si lo anterior fuera poco, el monto incrementó aún más hasta sumar 495 millones de pesos, al tomarse en cuenta los "servicios proporcionados" a otras dependencias estatales no consideras inicialmente, y un municipio tampoco contemplado al principio. En resumen, la cifra inicial del latrocinio pasó de 216 a 495 millones de pesos. Nomás.
Otro dato significativo es el diverso que se desprende de la revisión efectuada por la ASE. Es con relación al incumplimiento de los requisitos legales (más de una docena) por parte de las empresas fantasma para formar parte del "Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal".
De la minuciosa verificación efectuada a los proveedores fantasma, la ASE concluye en su informe que dicho Padrón "no es confiable para la asignación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras". Lo cual significa que si tal elemento fundamental de las compras de gobierno no es confiable, quiere decir que todas las adquisiciones de éste están en entredicho. Así de sencillo.
La pinza del atraco se cierra con la adjudicación directa de los contratos, sin licitación. En su informe la ASE concluye lo siguiente: "Los dictámenes de excepción aportados (en el caso de las empresas fantasma, para no hacer licitación) carecen de la debida justificación para el ejercicio de la opción de contratación por adjudicación directa, además de que adolecen de la fundamentación necesaria en atención a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones" en sus adquisiciones.
Y por último señala que de las trece empresas fantasma son tres las que se llevan la mayor tajada del atraco. A saber: Nubería Comercial de México, S.A. de C.V. con 267.2 millones de pesos, Riviera Alamos, S.A. de C.V. con 61.4 millones y Comercializadora Vilnasa, S.A. de C.V. con 39.7 millones. En total entre estas tres:368.3 millones de pesos, que equivalen casi el 75 por ciento del total. Y la primera sola se llevó el 54 por ciento.
Lo más indignante de todo esto es que han transcurrido ya más de dos años desde que el atraco fue denunciado y para efectos prácticos nada, absolutamente nada, ha sucedido. La impunidad en todo su apogeo, lo cual deja ver claramente que en realidad estamos frente a una extensa red de complicidades.
