Libre. Keiko Fujimori salió de la Sala Penal Nacional tras ser ordenada su liberación en Lima. (EFE)
La Justicia peruana aceptó los recursos de apelación y ordenó ayer la inmediata liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida la semana pasada en el marco de una investigación por lavado de activos.
Por votación unánime, la Segunda Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional aceptó los recursos presentados por Keiko Fujimori y otros cinco detenidos, ordenó la anulación de la detención provisional a la que estaban sometidos y dispuso su inmediata liberación.
El pasado miércoles, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención de Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, y otras diecinueve personas en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a la financiación irregular de esa formación política.
La orden judicial emitida hoy se extiende a las cinco personas que presentaron la apelación, entre ellas los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, y a las otras 14 que fueron incluidas en la resolución de Carhuancho.
El magistrado que presidió el Tribunal, César Octavio Sahuanay, argumentó que en la resolución de Carhuancho "el juez no agrega ideas sobre las aportadas por la Fiscalía".
"Se ha producido una nulidad insalvable, esta sala quiere dejar en claro que donde el juez no motiva el dicho fiscal, da lugar a la nulidad", afirmó.
A juicio de la sala, Carhuancho incluyó en su resolución "solo fundamentación fiscal, no judicial".
La Segunda Sala de Apelaciones sin embargo no entró a valorar los argumentos de la Fiscalía, ni el fondo de los mismos y dejó al Ministerio Público habilitado a presentar su pedido de detención ante un nuevo tribunal que no sea dirigido por el juez Carhuancho.
La resolución fue recibida con llanto de alegría por Keiko Fujimori, quien participó en la audiencia junto a otros tres detenidos.
En su alocución ante el tribunal, Fujimori solicitó que la dejaran en libertad por considerar que la detención era "un claro atropello" que vulnera el debido proceso y su presunción de inocencia.
