La delincuencia organizada está siendo muy hábil para tripular movimientos sociales y manipular a la población a su favor, en contra de las autoridades.
Es tan corrupto el sistema de movilizaciones en México que a muy pocas podemos darle la categoría de una auténtica manifestación ciudadana, libre y espontánea, al margen de intereses políticos y de grupo.
Hay una gran industria de las movilizaciones, tolerada por las autoridades, donde igual que si fuese un banquete, el interesado, grupo, institución o persona, si tiene recursos económicos para pagar el servicio, puede contratarlo con el perfil y características de su preferencia o de acuerdo con sus posibilidades financieras.
La corrupción política que hoy vive el país, no nos hemos dado cuenta, genera un amplio margen de maniobra para la delincuencia organizada, que lo mismo puede manipular movilizaciones sociales aparentemente ciudadanas, en contra de las autoridades, que en el ámbito de las redes sociales.
Este peligroso contexto parte de dos circunstancias: primera, la poca autoridad moral que la sociedad le reconoce a las instituciones de gobierno, lo cual genera desde desconfianza y ausencia de credibilidad, hasta animadversión.
La segunda, es que la corrupción genera un caos donde gente con experiencia en movilizaciones puede operar impunemente a su conveniencia.
Estas dos circunstancias generan vulnerabilidad institucional a las autoridades e incapacidad de imponer orden, como lo han demostrado los linchamientos.
Esto, sin embargo, abre una puerta de oportunidad a la delincuencia, que puede darle camuflaje a movilizaciones que pueden parecer sociales y con ello ganarse el apoyo ciudadano de buena fe, capitalizando los resentimientos y animadversión contra las autoridades gubernamentales y ocultar sus verdaderas intenciones de neutralizar cualquier intento de aplicar la ley.
La toma de la autopista México-Veracruz por pobladores de la zona, después de un operativo de la Policía Federal en contra de huachicoleros de la zona del denominado "triángulo rojo" nos debe poner en alerta.
Igual sucedió en Michoacán, cuando el Gobierno federal intervino en el estado para pacificarlo y se crearon las autodefensas, algunas auténticamente ciudadanas, pero seguramente otras infiltradas y manipuladas desde los cárteles regionales.
Los delincuentes tienen gran capacidad de movilización social a su favor, ya sea generando miedo en la población, o por agradecimiento a algunas obras de filantropía que a veces hacen en algunas comunidades.
Tendemos a minimizar la capacidad estratégica de la delincuencia, a la que se le considera violenta y burda y poco se sabe de su poder de convencimiento para atraer gente talentosa y preparada, pero sin escrúpulos, capitalizando esta crisis de valores que hoy vive el país.
La capacidad de la delincuencia para acaparar espacios políticos y sociales es muy alta, pues no solamente lo hace en el mundo real, sino en las redes sociales.
Héctor de Mauleón publicó "Guerreros Unidos en la noche de Iguala", donde describe que al día siguiente de la noche en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, se comunicaron, entre ellos, los hermanos Adán y Ángel Casarrubias Salgado, líderes del cártel "Guerreros Unidos", para acordar la estrategia para enfrentar el escándalo.
Así, "El Cabo" se comprometió a "poner unos chavos a manejar redes sociales para que abrieran páginas de internet y culparan de la desaparición al procurador del estado de Guerrero". Así circuló por WhatsApp la noticia que vinculaba al procurador Iñaqui Blanco con el líder de la banda enemiga, "El Carrete".
La mezcla de corrupción, desorden e impunidad, con una impartición de justicia muy desaseada, es el coctel molotov que en el futuro puede poner en riesgo el Estado de Derecho y darle el control del poder político a los criminales.
Es urgente que el próximo gobierno tome como prioridad consolidar el Estado de Derecho y rescatar la seguridad. El combate a la corrupción es el punto de partida.
