Afirmó que un juez federal admitió a trámite un amparo que interpuso para que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe de forma 'exhaustiva' con la investigación del caso. (NOTIMEX)
El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como "El Mijis", afirmó que un juez federal admitió a trámite un amparo que interpuso para que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe de forma "exhaustiva" con la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Acompañado del abogado Carlos Sánchez Alvarado, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acudió a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, donde explicó que el objetivo del recurso jurídico es "obligar a las instituciones a esclarecer, sin duda alguna, ¿quiénes fueron los autores de los hechos? ¿Cómo ocurrieron? ¿Dónde están las víctimas o sus cuerpos?".
Señaló que el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a más de 60 dependencias, entre ellas la PGR, a la Secretaría de Gobernación, a la policía municipal de Cocula en Jalisco, la policía municipal de Iguala, Guerrero, al Ejército y a la Marina, brindar toda la información respecto al paradero de los normalistas.
"Nos estamos sumando a la exigencia que hicieron los padres al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que se les dé a conocer la verdad y lo que sucedió". Y añadió: "Nosotros nos estamos sumando a ese esfuerzo y también a la par, de nuestras propuestas que traemos desde la Comisión de Derechos Humanos, en la cual no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir".
Carrizales indicó que darán seguimiento a lo determinado por el juez, ya que no se conoce la verdad de los hechos. "Queremos que la PGR nos dé a conocer la verdad y lo que pasó con los estudiantes", enfatizó, dada la contradicción entre la "verdad histórica" de la PGR y la postura de órganos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el abogado, Carlos Sánchez Alvarado, las autoridades tienen 15 días para responder a los requerimientos.
