Rechazó que los recursos presupuestales del organismo sean para beneficiar el salario de sus funcionarios. (ARCHIVO)
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) solicitó al Congreso de la Unión un presupuesto “suficiente y adecuado” en 2019 para cumplir con su mandato, de lo contrario dejaría de producir algunos productos estadísticos no prioritarios.
El presidente del INEGI, Julio Santaella Castell, consideró que en caso de un recorte presupuestal, el organismo dejaría de producir el nuevo producto conocido como “Estado de ánimo de los tuiteros” y reduciría la representatividad o el número de preguntas de algunos programas.
En entrevista durante el evento conmemorativo por el décimo aniversario de la autonomía del INEGI y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), rechazó que los recursos presupuestales del organismo sean para beneficiar el salario de sus funcionarios.
Señaló que todas las dependencias están en el proceso de elaboración de su presupuesto para 2019, pues en un año de transición de gobierno hay distintos momentos, ya que la propuesta de paquete económico se presenta a más tardar el 15 de diciembre por parte de la nueva administración.
Apuntó que el organismo está en espera de las iniciativas de austeridad de la siguiente administración, las cuales deberán tener un andamiaje jurídico y una representación presupuestal, a fin de conocer cómo quedan.
El INEGI, precisó, tiene un mandato de ley de proporcionar a la sociedad y al Estado información estadística y geográfica de calidad, veraz, oportuna y pertinente “y lo que se requiere son recursos necesarios para poder hacer ese trabajo”.
“Lo que nosotros estamos obligados y es para lo que solicitamos un recurso es poder proporcionar estadística y geografía”, agregó respecto a lo dicho por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en cuanto a que los recursos presupuestales INEGI son para el beneficio de sus funcionarios.
Ante una posible reducción presupuestal para el INEGI en 2019, consideró que primero se tratarían de preservar algunas prioridades, pero se dejarían de atender algunas necesidades de información menos preferentes.
Mencionó que por Ley, el Sistema de Cuentas Nacionales, los censos nacionales de gobierno y los índices nacionales de precios son información de interés nacional y fundamental para el país, así como otros 31 programas de información que la Junta de Gobierno ya decretó.
No obstante, dijo, otros no tienen esa categoría ni la prioridad, por lo cual “posiblemente tendrían que pasar por una etapa de revisión”.
Refirió que el presupuesto del INEGI tiene dos componentes: uno regular para hacer el trabajo diario, que este año fue de siete mil 100 millones de pesos, mientras que en periodo de levantamiento del censo de población tiene una partida presupuestal adicional.
Informó que el año próximo se llevará a cabo el censo económico, el cual se levanta de manera ininterrumpida cada cinco años, “son la piedra angular para la estadística económica en el país, y en 2020 se levantará el Censo de Población y Vivienda, el cual obliga al organismo a recorrer todo el país".
Santaella Castell destacó que la autonomía del INEGI tiene como importancia preservar el mayor grado de apego a las recomendaciones internacionales, entre ellas la de mantener un rigor profesional y técnico que esté libre de presiones políticas”.
A la pregunta de si existe algún riesgo para la autonomía del INEGI con el cambio de gobierno, atajó: “Yo no he escuchado nada al respecto”.
Sobre su una reducción presupuestal pondría en riesgo la autonomía del INEGI, consideró que “lo vendría a dificultar sería la operación y el cumplir el mandato, más que la autonomía; nuestra autonomía como dice la ley, es de gestión y técnica”.
Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, coincidió que la autonomía del INEGI requiere de un presupuesto garantizado y suficiente, pero también con la rendición de cuentas sobre el mismo.
“Es indispensable que la visión de austeridad en el gasto no lleve ninguna implicación política o de interés político para un control, al disminuirle el presupuesto al propio INEGI”, añadió el dirigente de la máxima cúpula empresarial del país.
