El discurso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre su estrategia policial y de seguridad pública aún es volátil. En campaña y poco después de la elección, el político izquierdista sugirió, sin dar muchos detalles, la creación de una guardia civil integrada por elementos del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal. Una propuesta que, ante la ambigüedad, no se supo esclarecer si se trataba de una fusión de las tres fuerzas o de la creación de un organismo aparte con miembros provenientes de dichas instituciones. Como la idea no fue bien acogida en el llamado círculo rojo, Alfonso Durazo, nombrado por López Obrador jefe de seguridad en su gobierno, tuvo que salir a matizar el planteamiento para calmar las críticas; dijo que la consolidación de ese organismo no era para el corto plazo y que lo prioritario es crear una secretaría de seguridad pública y sacar a las fuerzas armadas de las calles. Respecto a esto último, semanas después, el mismo Durazo, luego secundado por el propio presidente electo, dijo que esa salida no se concretaría de inmediato y que tenía que ser gradual. En días pasados, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco, López Obrador volvió a proponer la formación de la guardia civil con las mismas ambigüedades y falta de detalles. Más allá de las conjeturas que se han hecho hasta ahora, lo más importante es averiguar a ciencia cierta si esta estrategia implica un verdadero viraje en las tareas de seguridad pública, como lo había prometido el morenista, o está en la misma ruta de la militarización abierta hace varios años. Para saberlo se requieren más detalles, pero el hecho de que se mencione la participación de las fuerzas castrenses permite suponer que estamos ante una nueva versión de lo que ya hemos visto en el pasado.
México se ha sumergido en los últimos lustros en un proceso gradual de militarización, formal o informal, de los esfuerzos e instituciones civiles de seguridad. El primer paso lo dio Ernesto Zedillo en 1999, al convertir la Policía Federal de Caminos, encargada sólo de la vigilancia en carreteras, en Policía Federal Preventiva con la incorporación de elementos del Ejército y con facultades similares a las de las policías municipales, pero con una jurisdicción mucho más amplia. Diez años después, bajo el gobierno de Felipe Calderón, la corporación fue dotada de mayores facultades, por lo que se le suprimió su carácter exclusivamente preventivo para quedar como Policía Federal con capacidad para llevar a cabo investigaciones. Aunque no de manera oficial, era un secreto a voces que seguían siendo utilizados elementos castrenses para nutrir las filas del cuerpo civil. Pero Calderón no hizo de la Policía Federal el eje de su guerra contra el narco, declarada días después de haber tomado posesión luego de su cuestionado triunfo electoral. Fue primero el Ejército y luego la Marina, quienes protagonizaron este inusual enfrentamiento, que desde entonces ha dejado un baño de sangre de más de dos centenas de miles de muertos y por lo menos tres decenas de miles de desaparecidos. Las razones oficiales del despliegue fue que las policías civiles, de los tres niveles de gobierno, se habían visto rebasadas por el crimen organizado. Y algo de razón había en el argumento, aunque la percepción generalizada fue que el entonces presidente derechista buscaba legitimar su poder con el uso de la fuerza.
Conforme las policías municipales y estatales evidenciaban su nivel de infiltración y vulnerabilidad, se involucraron en un proceso de paramilitarización en el que, incluso, mandos castrenses asumieron las funciones de jefes policiales. Lo vimos en La Laguna: los agrupamientos civiles comenzaron a parecerse más a unidades de la milicia en sus tácticas y formas de combate. Pero no fue suficiente y en el caso específico de la región se tuvo que instaurar la figura de un Mando Especial a cargo de un general, mientras que en el resto del país adquirió fuerza la idea de crear mandos únicos en cada uno de los estados, medida que terminó por aplicarse en medio de cuestionamientos por la pérdida de autonomía de los ayuntamientos. Con Enrique Peña Nieto, la Policía Federal fue perdiendo relevancia y en su lugar se anunció la creación de la Gendarmería Nacional con personal de dicha institución pero de corte militar. La realidad dista mucho del ambicioso proyecto de 40,000 efectivos para este cuerpo encargado de cuidar la infraestructura económica del país. Mientras tanto, el Ejército y la Marina mantuvieron el peso mayor de las tareas de seguridad pública, a pesar de que el partido del presidente, el PRI, se había mostrado muy crítico con la estrategia calderonista. Y lejos de sacar a las fuerzas armadas de las calles, Peña Nieto dio un paso más para garantizar su presencia en las labores policiales con la controvertida Ley de Seguridad Interior que permite, entre otras cosas, que las instituciones castrenses asuman el control de un territorio de forma indefinida.
López Obrador ha sido también muy crítico con esta estrategia de militarización de las labores policiales, principalmente por el evidente fracaso de sus resultados y el aumento considerable de las denuncias por abusos y violación de los Derechos Humanos cometidos por parte de las fuerzas del orden. El presidente electo ha hablado de pacificar al país y de regresar a las tropas militares a los cuarteles, pero últimamente ha ido matizando su discurso para alinearlo con la visión de los actuales mandos castrenses. En este contexto surge la propuesta de una guardia civil nacional con participación de las tres fuerzas federales, dos militares y una, en teoría, civil. Aunque faltan detalles por conocer, puede intuirse que esa es la salida de López Obrador para poder cumplir con su promesa de sacar al Ejército y la Marina de las calles, al menos parcialmente, pero dejar a los elementos del nuevo cuerpo que, como decimos, sería otra vez de corte militar. Un cambio de forma y no de fondo. De la Gendarmería, la Ley de Seguridad Interior y la paramilitarización de las policías estatales y municipales, el presidente electo no ha dicho nada sustancial, por lo que la ruta a seguir parece ser la misma, aunque con matices. Y aunque AMLO ha hablado de no permitir que se cometan abusos y cada vez más voces, incluso oficiales, se suman a la idea de legalizar las drogas para disminuir la violencia, esto no garantiza una mayor eficiencia, probidad y respeto a los Derechos Humanos en las tareas de seguridad. Porque el tema de fondo en cuanto a los cuerpos policiales sigue siendo estructural en donde la rendición de cuentas efectivos continúan ausentes, y éstos sólo pueden darse si las autoridades civiles y la sociedad son las que ejercen los controles.
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