Sin paz. Varios asaltos se han dado en restaurante, causando mucho temor entre los clientes y los dueños de estos establecimientos. (TWITTER)
A partir de 2006, la violencia en México alcanzó niveles históricos. El secuestro, el robo de vehículos y el homicidio doloso crecieron de forma continua.
Los cinco delitos considerados de alto impacto (secuestro, extorsión, homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia) han tenido un alza considerable a partir de 2007. Las razones de este fenómeno son varias; sin embargo, los datos disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Inegi apuntan a observar una relación entre los homicidios dolosos con los territorios que se vinculan con algún tipo de actividad de la dinámica del crimen organizado dedicado al narcotráfico.
Territorios como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Tijuana son las entidades del país con mayor número de homicidios desde que inició la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Como consecuencia del incremento de la violencia y los delitos, grupos sociales liderados por víctimas hicieron llamados para exigir seguridad y la pacificación en el país, los cuales se desbordaron cuando la violencia se mediatizó a través de casos emblemáticos como los secuestros de Hugo Alberto Wallace Miranda y Fernando Martí, así como el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega; los grupos de víctimas se organizaron y crearon un movimiento que ha impulsado políticas públicas relacionadas con el delito y las violencias, sirven como grupos de presión para esclarecer los hechos.
Los movimientos de las víctimas han sido de diversa índole, algunos con fuerza mediática, otros con apoyo ciudadano e institucional, existiendo casos que no han sido visibilizados como la Red de Eslabones por los Derechos Humanos. Lo que han compartido, además de la pena que les embarga por los efectos del delito, ha sido el costo que implica dar seguimiento a sus casos, existiendo uno que simbólicamente pesa más que el dinero invertido y que consiste en la serenidad que la verdad de los hechos puede lograr en los familiares de las víctimas.
El derecho a la verdad es un elemento central del movimiento de víctimas aunado a la imperiosa necesidad de "hacer justicia".
Conocer qué es lo que sucedió con sus familiares es más significativo que una reparación económica. Consiste en hacer que las autoridades afinen sus investigaciones y técnicas periciales pero, sobre todo, que tengan una verdadera vocación de servicio, pues si bien, no todos los funcionarios están cortados por la misma tijera, algunos obstaculizan su lucha.
Tradicionalmente, los costos del delito se contabilizan en términos de pérdidas materiales, artículos de valor o dinero debido a la comisión de los delitos e, incluso, en el gasto en barreras preventivas como cámaras de vigilancia, cerraduras de alta seguridad o guardias privados para el resguardo de comercios o como seguridad personal.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018) elaborada por el Inegi, afirma que "a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares, el costo representó un monto de 299 mil 569 millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo que equivale a 7 mil 147 por persona afectada por la inseguridad y el delito".
Las víctimas de los robos totales de vehículos han sido las que más pérdidas han sufrido con 29 mil 139 pesos en promedio.
Los gastos que tienen los familiares de víctimas de delitos oscilan entre los 10 mil a 20 mil pesos mensuales, siendo mayor en aquellas familias que desde hace 10 años están en búsqueda de sus parientes.
Lo que se espera en este nuevo gobierno es el establecimiento de una política criminal que enfoque sus esfuerzos en la atención a las víctimas, para que los estragos que ha ocasionado el delito sean menos tortuosos y se logre la reparación del daño, así como el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
Emilio Daniel Cunjama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
