Los resultados de las pasadas elecciones federales y municipales, dejan al gobierno de Miguel Riquelme, en su calidad de heredero de los Moreira y al moreirato mismo, en una situación difícil.
En efecto, el saldo electoral referido deja al priismo de Coahuila en calidad de huérfano respecto al Gobierno federal, y en cuanto al resultado de las elecciones municipales, el PRI de los Moreira mantiene Saltillo como único bastión importante, mediante una frágil alianza que habiendo cifrado sus posibilidades de consolidación en los pasados comicios, tiene sus días contados.
Los agravios inferidos por los Moreira han sido graves y de tales alcances en cuanto su generalización, que se puede afirmar que las personas o colectivos que no hayan sido ultrajados por el gobierno local en los últimos trece años, constituyen casos de excepción.
En tal contexto, la semana pasada se presentó a manifestarse en el recinto del Congreso del Estado, un grupo de maestros de Coahuila que, además, de haber sido despojados de sus ahorros y robados en su fondo de pensiones, enfrentan una grave crisis en su sistema de salud, que se concreta en la peor atención de servicios médicos y una grave escasez de medicinas, que no tiene precedente en la historia del gremio.
Respecto a la protesta en comento, sale a relucir que durante los gobiernos recientes, otro hermano Carlos Moreira Valdés, desde su posición de control de las secciones magisteriales 5 y 38, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por más de diez años mantuvo un juego de poder con los gobiernos de Humberto y Rubén, que en operación conjunta, propició el despojo del patrimonio de los maestros.
Los maestros se manifestaron en forma pacífica en base al Derecho de petición reconocido por la Constitución de la República, sin embargo, fueron desalojados del recinto con lujo de violencia y enseguida fueron vinculados a una investigación por el delito de motín, previsto por el artículo 475 del Código Penal de Coahuila.
El delito de motín lo cometen quienes para conseguir que se les conceda un derecho, intimiden en tumulto a la autoridad mediante actos violentos, para obligarla a tomar una decisión en determinado sentido. Ejemplo de lo anterior es el clásico motín de prisión, en el que un grupo de internos somete violenta y físicamente al personal de guardia, para que abra la puerta y libere a los presos.
Los mentores fueron al Congreso a pedir que se realice una auditoría y una investigación sobre las causas de la quiebra de su sistema de seguridad social y se castigue a los culpables. Los profesores no incurrieron en el delito de motín, porque su petición ni siquiera apunta a la obtención de una determinación concreta e inmediata, sino que se limita a pedir una investigación como primer paso, para llegar a una determinación que como tal se entiende posterior y remota, lo que quiere decir que no existe un nexo causal directo entre la presencia de los maestros en el Congreso y la determinación final que solicitan.
Al criminalizar a los maestros víctimas del moreirato, Riquelme es incapaz de imputarles hechos violentos concretos, sino que declara que procederá penalmente en su contra porque "fueron muy groseros" y "gritaron" en el Congreso. Lo ocurrido pinta de cuerpo entero al moreirato, como sistema que trata a los ciudadanos como vasallos que tienen la obligación de obedecer y de callar, aún frente al robo y el ultraje de que son víctimas los trabajadores del magisterio, al igual que el resto de los coahuilenses.
La fiera arrinconada se torna más peligrosa. Como preludio del acomodo de piezas, el día de ayer accedió a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRI de Coahuila otro hermano Moreira de nombre Álvaro, que viene a completar la caterva de corrupción de esa estirpe, a reserva de lo que el destino nos depare o más bien, de lo que los coahuilenses seamos capaces de soportar o revertir en el futuro.
