Difícil tarea tiene el próximo gobierno federal, que desde la campaña electoral tomó el combate a la corrupción como su principal bandera. Esta promesa ante el hartazgo social fue una de las razones que llevaron a los ciudadanos a votar por Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.
Las expectativas de la sociedad son altas en un país donde la impunidad es el pan de cada día. Un buen ejemplo ocurrió esta semana con la condena a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, que despertó indignación.
El exmandatario se declaró culpable de haber cometido asociación delictuosa y lavado de dinero, y se le condenó a nueve años de prisión y el pago de 58 mil 890.60 pesos de multa. De los nueve años de sentencia se descontará el tiempo que ha estado en prisión, por lo que le restan siete años y medio de encarcelamiento. Además podría salir libre en tres años si se le otorgan beneficios penitenciarios.
Duarte es símbolo de corrupción y abuso del poder. Durante su administración, 2010-2016, consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las finanzas públicas de Veracruz, gracias a una red de múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se utilizó en gastos personales y en propiedades. Un total de 41 bienes inmuebles, cuyo valor suma más de 600 millones de pesos, fueron confiscadas por la Procuraduría General de la República (PGR). Además de 7 cuadros, una escultura, un bote, fotografías familiares y los “diarios de la abundancia”, escritos por Karime Macías, esposa del exmandatario.
Una semana antes de que se dictara la sentencia, las esperanzas de justicia en el caso de Duarte se habían esfumado, ya que la PGR informó que no contaba con las pruebas suficientes para acreditar al exgobernador de Veracruz el delito de delincuencia organizada, que es castigado de manera severa, y por ello reclasificó la acusación a asociación delictuosa, que es un delito que a criterio del juez podría enfrentar en libertad.
Tras la sentencia, la mirada está sobre la PGR. Legisladores buscan una reunión con el encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, ya que se cuestionan la forma en que la Procuraduría integra los expedientes judiciales relacionados con la corrupción. Desde hace un año, la PGR no cuenta con un titular, lo que refleja un descuido de la administración de Peña Nieto.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un circo, show y “cinito”, el caso y la sentencia al exgobernador. Recalcó que en el nuevo gobierno no habrá corrupción. Se mantiene la promesa y hay mucho por hacer.
