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EDITORIAL

Verdades y rumores

EL AGENTE 007
sábado 29 de septiembre 2018, actualizada 8:31 am

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Dicen que el peliagudo caso del desalojo del Congreso de Coahuila tras la toma de maestros que exigen reformas a la Ley de Servicio Médico tiene al presidente de la Junta de Gobierno de la actual legislatura, Jaime Bueno, más nervioso que de costumbre. Nuestros subagentes disfrazados de curules nos reportan que al diputado priista se le ha visto notablemente angustiado por toda esta situación, como si no supiera bien a bien si lo realizado fue lo correcto o no. Y es que el diputado panista Juan Antonio García Villa, que preside la Mesa Directiva de la Cámara, se ha deslindado de haber solicitado la entrada de los elementos de Fuerza Coahuila al recinto legislativo. Según don Juan Antonio, él estuvo de acuerdo en que se resguardara el lugar para evitar desmanes o daños y que sólo en caso de altercados, intervinieran para imponer el orden. Pero cuentan que la cosa no fue así y los policías ya tenían la orden desde el principio de ingresar al Congreso en la madrugada para desalojarlo.

El asunto es que ahora los diputados y los maestros se han enfrascado en una guerra de denuncias por lo ocurrido el martes y la madrugada del miércoles. Mientras tanto, quien se sigue manteniendo alejado de la Incómoda Prensa es el jefazo de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luis Pliego, quien hasta ahora no ha querido explicar cómo se dio la solicitud por parte de los líderes del Congreso local. Más allá de esto, lo que se escucha en los corrillos es que esta bronca es una más de las herencias dejadas por el exgober y hoy flamante diputado federal Rubén Moreira, ya que fue durante su sexenio que se modificó la Ley de Servicio Médico para que los maestros pagarán más por una atención que es bastante deficiente. ¿Hasta dónde llegará el legado de don Rubén?

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Y ya entrados literalmente en gastos, dicen que el panorama financiero del gobierno provincial de Coahuila pinta más complicado aún para el próximo año. Y es que, como se sabe, la administración que encabeza el gober Miguel Riquelme se encuentra en pleno proceso de búsqueda de opciones para un nuevo refinanciamiento de la megadeuda pero a la fecha han tenido que posponer dos veces la fecha límite para seleccionar la mejor propuesta porque al parecer ninguna les convence. Dicen los malpensados que el problema principal está en que el ahorro de intereses que tendrá la provincia será no mayor a los 800 millones de pesillos al año, lo cual comparado con el monto de la deuda o el presupuesto de egresos no es para presumir. Incluso se cuestionan si, dado lo pequeño del ahorro, el verdadero beneficio no será más bien para el despacho que va a decidir cuál es la mejor propuesta. Pero no es la única bronca que se viene. El gobierno provincial tendrá que terminar de ponerse al corriente con la entrega de los ajustes en las participaciones que no pagó la pasada administración, además de que para 2019, dicen, habrá un cambio en el cálculo de estas prerrogativas de manera que ya las entidades no podrán retener los recursos. Por si fuera poco, don Miguel ya ha advertido que con la propuesta del preciso electo Andrés Manuel López Obrador de rebajar el IVA e ISR en la zona fronteriza para fomentar la inversión el estado dejará de percibir alrededor de 800 milloncitos al año, o sea, lo mismo que se pretenden ahorrar con el refinanciamiento. Días complicados -más- vienen para Coahuila en donde ya de por sí la obra pública está de capa caída.

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Nuestros subagentes disfrazados de escritorios desvencijados nos reportan de las anomalías que todos los días ocurren en la Vicefiscalía de La Laguna de Durango que con el llamado “gobierno del cambio” va de mal en peor. Nos cuentan que en casos de siniestros los involucrados tienen que hacer largas esperas con todo y que los agentes ya cuentan con los peritajes de tránsito y vialidad. Cuentan de una licenciada del Ministerio Público, del área de partes o accidentes, que, por medio de terceras personas, desde hace tiempo pide “ayudas” para hacer liberaciones, ya sean de personas detenidas por accidentes o de vehículos retenidos. Según comentan hubo un caso de una persona que pasó hasta dos días en los separos derivado de un accidente, por no reportarse con la licenciada, con el médico legista y hasta con una persona que se hace pasar como integrante de la Prensa que solicita “aceite” a cambio de no “quemar” en redes sociales al detenido que, dicen, al final apareció como el afectado. Los familiares y amigos de éste intentaron interceder por él para no desembolsar tanto, pero la respuesta fue que si seguían molestando iban a judicializar el caso y mandar al susodicho al Cereso de Durango. También se han presentado casos en donde a falta de peritaje vial, o al menos eso dicen, los agentes del MP deciden por sus pistolas la responsabilidad de las partes involucradas en un accidente, sin cotejar su juicio con el que emite el departamento de Peritos. Pero la cosa no acaba ahí. El caso de la mujer que fue reportada como desaparecida y encontrada muerta desde el fin de semana sin que las autoridades de la Vicefiscalía informaran oportunamente refleja la escasa sensibilidad de quienes encabezan la institución y dan motivos a las redes de mujeres para solicitar que se emita la alerta de género en la región ante la inoperancia de los encargados de brindar protección y procurar justicia. Pobre región.

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Donde pareciera que sigue la mata dando es en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, la Secope, cuyo titular se empeña en hacer quedar mal al “gobierno del cambio” en Durango, aprovechando la falta de control y supervisión del “Güero” Aispuro hacia su gabinete. Y es que en días pasados, trascendió que la dependencia a cargo de Arturo Salazar Moncayo continúa con los viejos vicios de sus antecesores al pedir “moches” a los constructores que son contratados para ejecutar obra pública. Tal es el caso del municipio de Nombre de Dios, donde la empresa que ganó la licitación para una obra de mejoramiento urbano, tendrá que entregar en “donación” una camioneta modelo 2019 a la dependencia, la cual le fue solicitada bajo el argumento de que esta será utilizada por el residente que dará el seguimiento a la obra contratada. En la junta de aclaraciones posterior al fallo de la licitación, se le hizo saber a la compañía de esta petición la que, según las especificaciones, deberá considerar en sus costos indirectos, con lo que le hacen un flaco favor a las compañías que contratan para luego cobrarles el favor con semejantes peticiones. Por cierto, hay quienes señalan a Salazar de ser uno de los funcionarios que más ha visto crecer su patrimonio en los dos años que lleva la administración estatal, lo cual le permitió, recientemente, comprar una residencia de más de 3 millones de pesos Durango al “chaz chaz”.

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