El agua es un recurso estratégico para la vida y, particularmente en los desiertos donde su disponibilidad es escasa, la gestión o manejo de este recurso es determinante no solo para satisfacer la demanda que la población humana y los ecosistemas exigen, sino también de las actividades económicas. Es en las ecoregiones áridas donde resulta inaplazable realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos, y digo lo es, porque no ocurre y para muestra basta un ejemplo: La Laguna.
En nuestro país el agua es propiedad pública, así lo establece la Constitución Política de 1917 cuando señala que es propiedad de la nación; por consecuencia, quien la administra es el Estado Mexicano quien la puede concesionar a los particulares. A partir de esa disposición constitucional y las leyes reglamentarias, el ejecutivo federal fue creando organismos públicos responsables de su gestión desde la llamada Comisión Nacional de Irrigación (1926) hasta la actual Comisión Nacional del Agua (1989).
Desde un principio la gestión del agua centro su preocupación en dos tipos de usos: por un lado, para la agricultura ya que esta actividad dependía del agua en las grandes zonas irrigadas abiertas al cultivo durante el porfiriato principalmente por las compañías extranjeras, y por el otro, para uso doméstico en un país de apenas 15 millones de habitantes, gran parte de los cuales eran población rural.
Durante todo ese período hasta 1992, la administración del agua fue centralizada por el gobierno hasta que se reforma la Ley de Aguas incorporando a los usuarios en los esquemas de gestión de los recursos hídricos: se crean nuevas estructuras donde los usuarios se involucran parcialmente en la toma de decisiones como sucede con los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, pero también se transfiere parte del manejo de las redes hidráulicas y los acuíferos a asociaciones de usuarios.
Es así como para el manejo de las aguas superficiales en los llamados Distritos del Riego (DR), que forman los grandes valles irrigados en alrededor de 80 zonas con mayor potencial productivo agrícola del país en las que se siembra la mitad de los cultivos bajo riego, se crea la figura de Módulo de Riego y Sociedad de Responsabilidad Limitada, la primera es una asociación de usuarios encargada de administrar las redes de canales secundarios a través de los cuales se distribuye el agua a los predios de los agricultores, mientras que las segundas es una asociación de usuarios que lo hace con los canales principales donde se conduce el agua derivada de las presas y se conecta con las redes de distribución.
El gobierno mantiene la administración de las presas que almacenan y proveen los volúmenes de agua destinados a la agricultura, y encabeza otra figura donde concurren las anteriores asociaciones de usuarios: los Comités Hidráulicos. Es en esta estructura donde se planifica y acuerdan los volúmenes que se destinarán al riego de cultivos de acuerdo a los ciclos agrícolas de cada Distrito de Riego.
Adicionalmente a estas figuras para el manejo de aguas superficiales en los DR que no provienen de grandes ríos y presas, sino de manantiales, pequeños escurrimientos y represas u otras fuentes menores en las llamadas Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES), que a diferencia de los DR se cuentan por miles y usan la otra mitad de los volúmenes destinados principalmente al riego de cultivos. Es en los DR y las URDERALES donde se utiliza el 70% de los volúmenes de agua disponibles en México.
Con respecto a las aguas subterráneas disponibles en poco más de 600 acuíferos, se crea la figura de Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), que son asociaciones de usuarios responsables de su administración, aunque a la fecha solo se han conformado la sexta parte de estas figuras en torno a los principales o más grandes acuíferos, y donde concurren no solo los agricultores que han recibido concesiones para extraer agua del subsuelo, sino que, a diferencia de las aguas superficiales que en su mayoría (con excepción de ríos como el Lerma-Santiago que provee agua a grandes poblaciones como la Ciudad de México), también concurren en ellos otros usuarios como los domésticos e industriales.
Así, para inicios del presente siglo la gestión del agua en México es compartida por el gobierno y los usuarios, en teoría se ha descentralizado su manejo con base a un concepto denominado Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Sin embargo, de la teoría a la práctica se presenta una realidad que, por la importancia señalada de este recurso para la vida y la economía, dista mucho de corresponder con dicho concepto y el propio marco normativo que le rige. En la próxima colaboración abordaremos cual es la situación que prevalece, particularmente en nuestra región.
