Las agresiones al rector no provienen de los universitarios. Partiendo de este hecho no queda más que ver cómo hacerle para que la Universidad no siga siendo objeto de la guerra que se está atizando para calar la resistencia del presidente electo. Los que quieren desestabilizar un régimen, encuentran en los problemas universitarios un útil instrumento. Se aprovecha el ímpetu juvenil con algún reclamo válido o inventado y se desata con toda facilidad la insurrección.
Siempre habrá un grupo que esté presto para echar a andar un proceso de este tipo. No hay que detener, sin embargo, la reacción correctiva por no tener al momento datos precisos al respecto. El mal tiene que ser remediado tan rápidamente como posible. Ojalá, en esta ocasión, que las cosas sean así de simples.
En comparación con los acontecimientos de hace cincuenta años, la situación en la UNAM se ha complicado con la inyección de las fuerzas del narcotráfico que se ha adueñado de áreas dentro de la CU. Es lo que nos hemos ganado gracias al artificioso y mal intencionado mito de que la autonomía universitaria, ganada gracias al noble empeño de 1929, es igual a extraterritorialidad.
La similitud con la engañosa interpretación del fuero parlamentario como si fuera patente de corso para arbitrariedades es clara. La autonomía universitaria defiende a la institución de la imposición ideológica del Estado a sus curricula. Su autonomía protege a la UNAM contra la injerencia del gobierno que pretenda violar la libertad de cátedra. El principio de autonomía académica es paralelo al de la inmunidad que goza un parlamentario en cuanto a sus opiniones políticas y debe limitarse a protegerlo contra acusaciones de infracciones o delitos del fuero común que tengan la intención de limitar su libertad política.
En la actual coyuntura la inquietud universitaria tiene el nuevo ingrediente de los oscuros intereses en mantener activo en los campos escolares el negocio del tráfico de droga sin el estorbo de toda vigilancia policiaca. La relación de este factor es fácil de detectar con los individuos que hace años se instalaron en el auditorio Justo Sierra, hoy convertido en el de Ché Guevara. La supuesta imposibilidad de desalojar a esos invasores, fósiles y malvivientes es la versión, repetida por las sucesivas autoridades académicas y oficiales, que les ha valido permanecer años enteros en dicho local. Es esa cobarde explicación la que tiene que desmentirse con una acción vigorosa y definitoria que expulse a los invasores y restaure el orden y la salud de la Universidad.
El asunto cae directamente en la decisión que tome el presidente electo que tiene que optar entre continuar con la política de tolerancia o la de autorizar la fuerza pública necesaria para que se entienda que los reglamentos de la Universidad existen para ser respetados en bien de su función como centro de estudios y no de corrupción.
El problema de la UNAM no viene solo. Además de sus facultades y bachilleratos contamina por su fluida inercia, a las otras instituciones de enseñanza superior en todo el país ocasionando que la población estudiantil sufra de interrupciones y retrasos. Se vincula con la estrategia de los que declaman el fin de la Reforma Educativa, denunciando su fase calificadora, como coercitiva y hasta penal. Las dificultades para alzar el nivel educativo y profesional en nuestro país ya son suficientes como para no agravarlas más.
El tema de la seguridad y la salud no sólo vale para las calles y los lugares públicos. Los estudiantes en sus planteles educativos también son ciudadanos. En ningún lugar del mundo se impide el acceso a las escuelas de las fuerzas del orden público para responder a crímenes, desmanes o abusos contra derechos humanos.
La crisis que ahora se gesta en el ámbito universitario rebasa con mucho a la UNAM y a la Ciudad de México. Repetimos, es más que una prueba intencional para saber hasta qué grado el nuevo gobierno es capaz de amarrar a los elementos perversos que anidan en su activista elenco. No se trata de ideologías o de imperiosas reformas que suscitan legítimas controversias que dividen opinión y se resuelven en la tribuna, foros y consultas.
Se trata de defender la posibilidad real para una nación de trabajar confiada en el clima que permita avanzar en su conjunto sin gastar energías a cada paso para acabar con violencias estériles.
El problema universitario que ha crecido inesperadamente ya es más que una finta para calibrar la calidad del gobierno. Es un asunto que va muy en serio. Está de por medio la salud de la Universidad, la guerra al narcotráfico y a la corrupción en toda su extensión.
Nada de lo anterior le es ajeno al presidente electo que conoce a fondo todos los problemas del país. La marcha en silencio de ayer en la ciudad de México, con miles de gentes solidarizándose con la UNAM y con su Rector, marca el inaplazable momento de enfrentar a los que destruyen la armonía social. Entiéndase bien, López Obrador, en este tema no está solo.
