A pesar de ser la segunda fuerza electoral en el país, medido desde todas las aproximaciones posibles (porcentaje de votación en las elecciones federales, número de diputados y senadores, número de gubernaturas, etc.) el Partido Acción Nacional se encuentra inmerso en la peor crisis interna en los años de la democracia electoral.
Las razones pueden encontrarse en el declive en el número y porcentaje de votos en las pasadas elecciones federales con respecto a cualquiera de las elecciones federales anteriores. La más notable es la disminución en el número y porcentaje de votos que obtuvo el candidato presidencial Ricardo Anaya con respecto a los tres candidatos previos; pero también sucedió en el ámbito de los legisladores federales.
Sin embargo, más allá de lo que los números muestran, el PAN vive una crisis cuya gestación empezó hace poco más de doce años, cuando se definió la sucesión en la dirigencia blanquiazul a favor de Manuel Espino, apoyado por Marta Sahagún -esposa del presidente Vicente Fox- y Santiago Creel -secretario de Gobernación y entonces aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República-.
Felipe Calderón, el otro aspirante a la candidatura, lo tomó como una afrenta personal y, una vez que asumió la Presidencia de la República, anticipó la salida de Espino como dirigente, para imponer a Germán Martínez, como nuevo presidente. Calderón, al más puro estilo de los presidentes emanados de las filas del tricolor, impuso a los candidatos a gobernadores y a los siguientes dirigentes nacionales de su partido, hasta que perdió en su intento de colocar a Roberto Gil. Y cuando su candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, pierde ante Josefina Vázquez Mota.
Las maniobras calderonistas dañaron gravemente al blanquiazul a tal grado que empezaron a perder gubernaturas, hasta que en 2016 con Ricardo Anaya como dirigente nacional lograron revertir la tendencia y llegar un año después a 12 gubernaturas, el máximo número en su historia, mismo que todavía conservan. La fórmula que les permitió ganar 7 de las 12 gubernaturas en disputa en las elecciones del 2016 y una más (de las tres en disputa) en 2017, fue la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano, por lo cual Anaya se empeñó en repetirla para la elección presidencial.
La conformación de dicha alianza además le permitía prácticamente hacerse de la candidatura sin competencia interna, es decir, por esa vía eludía enfrentar en comicios internos a Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala, quien incluso renunció a la militancia antes de que venciera el plazo para registrarse como candidata ciudadana. Estas maniobras también provocaron daños importantes al interior del partido opositor.
Pero Anaya y su grupo corrieron dicho riesgo porque estaban seguros que su fórmula les permitiría ganar las elecciones o, al menos, incrementar el número y porcentaje de votos y, por ende, estarían en buena posición para mantener el control del partido. Sin embargo, los resultados electorales del pasado 1 de julio fueron catastróficos para sus aspiraciones, pero en lugar de empezar la tarea de reconstrucción se dedicaron a acaparar todas las posiciones importantes, como la coordinación del grupo parlamentario en el Senado, en manos de Damián Zepeda.
Este último movimiento se sumó a todos los agravios que se habían acumulado en los últimos años y provocó la irrupción de los grupos de oposición interna, para evitar que los anayistas mantengan el control del aparato del partido. El grupo de Anaya apuesta al control de la estructura partidista para obtener la mayoría de votos en la elección de dirigencia que se celebrará el próximo 11 de noviembre, sin embargo, el apoyo de 9 de los 12 gobernadores a Héctor Larios; y de Javier Corral, a Manuel Gómez Morín, el nieto del fundador del blanquiazul, los empezaron a hacer dudar de su fortaleza.
A nivel nacional es evidente la existencia de, al menos, cuatro grupos importantes todos de alguna manera buscando posicionarse para la carrera presidencial dentro de cinco años: el de Anaya, muy venido a menos por los malos resultados electorales; el de Rafael Moreno Valle, ex gobernador poblano, cuya fortaleza todavía está pendiente de las resolución del Tribunal Electoral de la elección de su esposa como gobernadora de Puebla; Javier Corral, acompañado de varios ex gobernadores y ex dirigentes del blanquiazul; y el de Felipe Calderón, extremamente debilitado.
Esto arroja cuatro candidatos ya destapados por encabezar al blanquiazul: Héctor Larios, cobijado por Moreno Valle y los calderonistas; Manuel Gómez Morín, por Corral; Marko Cortés, impulsado por los anayistas; y Ernesto Ruffo, impulsado por panistas tradicionales.
Hasta el momento todo indica que los aspirantes con mayor capacidad de movilización son Larios y Cortés, por lo cual una unión de ambos, como se rumoró la semana pasada, prácticamente resolvería la contienda interna, pues no se ve como puedan derrotarlos Gómez Morín o Ruffo. En contrapartida una elección en la que compitieran Larios y Cortés puede impulsar más las diferencias internas y debilitar, todavía más, al PAN (tal como ocurrió con el PRI, después de la derrota del 2000, con la elección de dirigente que ganó Roberto Madrazo).
Cualquiera que sea la vía por la que se resuelva la sucesión en el PAN (negociación o elección) ésta será trascendental para el futuro inmediato y mediato del partido y, en consecuencia, para el sistema de partidos en México. Si prevalece la negociación, se fortalecerá su posición opositora y tendrán seis años para resolver sus diferencias; la vía electoral, casi seguramente los debilitaría notablemente y podrían dejar de ser la segunda fuerza electoral.
