Los demandantes consideran que el jefe de Estado es 'penalmente responsable' y 'susceptible a cumplir condena' por 'asesinato' y 'actos inhumanos'. (ARCHIVO)
Familiares de víctimas de la guerra contra la drogas en Filipinas presentaron hoy una denuncia "por crímenes de lesa humanidad" ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte.
La demanda ha sido presentada por seis familiares de víctimas de las "ejecuciones extrajudiciales" ocurridas durante la campaña y la organización religiosa Rise Up, que presta ayuda psicológica y legal a los afectados por la guerra antidrogas de Duterte.
Los demandantes consideran que el jefe de Estado es "penalmente responsable" y "susceptible a cumplir condena" por "asesinato" y "actos inhumanos" cometidos en el marco de la guerra antidrogas, según el documento remitido a Efe por Rise Up.
El portavoz de la Presidencia filipina, Harry Roque, señaló hoy que no les preocupa el pleito, el tercero que se presenta en la CPI contra Duterte, y confió en que no prospere.
Según cifras oficiales, la guerra antinarcóticos se ha saldado con unos 4,400 muertos a manos de la Policía desde que empezó, tras la investidura el 30 de junio de 2016, aunque organizaciones de derechos humanos como Rise Up aseguran que el clima de impunidad ha generado una oleada de entre 15,000 y 20,000 asesinatos.
Los demandantes argumentan que esas muertes, así como los pronunciamientos de Duterte que "incitan los asesinatos", son pruebas más que suficientes de "ataques generalizados y sistemáticos contra civiles".
La demanda ha sido presentada hoy ante la oficina de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda a través del Sindicato Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL, en inglés).
"Estos asesinatos deben ser detenidos y se debe hacer justicia, no solo para las familias individuales de las víctimas, sino para todos nosotros como pueblo", afirmó en un comunicado la coordinadora de Rise Up, Rybylin Litao.
La organización explicó que ha decidido elevar el caso a la corte internacional debido a la gravedad de la situación y la inmunidad del presidente Duterte para ser enjuiciado en los tribunales filipinos.
"Las familias también están perdiendo confianza en el sistema de justicia local, citando ausencia de investigaciones genuinas, demora, sino negativa, en el enjuiciamiento de oficiales de policía directamente involucrados en casos", señaló Litao.
Desde Rise Up consideraron preocupante el reciente reemplazo de la presidenta de la Corte Suprema y del Defensor del Pueblo por figuras conocidas por su apoyo al presidente Duterte.
En paralelo, el Supremo de Filipinas inició hoy la vista oral por la apelación presentada por un grupo de senadores en contra de la retirada del país de la CPI que ordenó Duterte.
Aunque el mandatario anunció el pasado 14 de marzo la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI, la medida no tiene efecto hasta un año después de la notificación oficial.
