Las carreras políticas de los hermanos Humberto y Rubén Moreira guardan una semejanza estrecha. Ambos, luego de gobernar Coahuila y ejercer un control casi monopólico de las instituciones políticas de la entidad, entraron a la cúpula nacional de su partido, el PRI, para en cuestión de meses abandonar sus cargos partidistas en medio de cuestionamientos por manejos financieros durante sus administraciones.
Humberto Moreira solicitó licencia tras un apoteósico quinto informe de gobierno celebrado en el Coliseo Centenario de Torreón en 2010 para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En medio de los cuestionamientos por el escándalo de la deuda pública -oculta hasta entonces- de 36,000 millones de pesos, detonado por el PAN en plena campaña estatal de 2011, el exgobernador tuvo que renunciar a la dirigencia nacional, no sin antes haber ungido a Enrique Peña Nieto como virtual candidato a la Presidencia de la República.
Rubén Moreira cumplió los seis años de mandato y de inmediato se incorporó a la estructura nacional partidista donde fue escalando hasta llegar hace poco más de un mes a la secretaría general del CEN. Pero sólo treinta días exactos duró en el cargo, ya que presentó su renuncia. Y al igual que su hermano, enfrenta señalamientos, no sólo por lo que dejó pendiente de esclarecer de la deuda que heredó y amplió, sino también por casos atribuidos estrictamente a su mandato como la contratación de empresas "fantasma" y la retención indebida de ajustes de participaciones federales a los municipios.
La gran diferencia entre los dos momentos vividos por los hermanos Moreira es que hace seis años el PRI iba en ascenso hacia la conquista de la Presidencia de la República y en Coahuila el control del partido seguía siendo avasallador, mientras que hoy el tricolor está en picada en el país y su margen de maniobra se ha reducido considerablemente en el estado. La gran semejanza es que los tres temas irresolutos -deuda pública, empresas "fantasma" y retenciones indebidas- se posan ahora como negra sombra sobre la administración del Miguel Riquelme, quien durante la campaña fue apoyado, desde posiciones muy distintas, por los dos Moreira.
La deuda pública del estado con los bancos, que con todo y los pagos realizados en seis años se mantiene en 36,000 millones de pesos, sigue siendo una pesada carga para el erario. En lo que va de la administración riquelmista se ha destinado considerablemente más dinero al pago por servicio de deuda que a inversión pública y otros rubros. El ahorcamiento financiero ha orillado al Gobierno estatal a buscar una tercera reestructura, luego de las de 2011, con la que se legalizó el pasivo a pesar de las evidentes irregularidades con las que se contrajo, y de 2015, con la que se extendió el plazo.
Pero no se trata sólo del monto y las condiciones del adeudo. Aunque en distintos momentos ha habido una intención vehemente desde el oficialismo de dar vuelta a la página, la principal interrogante planteada desde el principio sigue vigente: ¿a dónde fueron a parar los 18,000 millones de pesos de la deuda que no aparecen en las cuentas públicas de 2011 presentadas por el entonces gobernador interino Jorge Torres López? Una cuestión que ahora le corresponde a la actual administración indagar y esclarecer, así como investigar quién desapareció los documentos que avalan el destino de los recursos, hecho reportado por el gobierno anterior, y qué estatus guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado por la contratación irregular de los créditos originales.
El caso de las empresas "fantasma" presuntamente contratadas bajo un esquema similar al detectado en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, ha resurgido en Coahuila a raíz de la revelación de que la fiscalía anticorrupción del estado tiene ya el expediente generado tras las denuncias presentadas por la Auditoría. Se trata de la contratación de 13 firmas cuyos domicilios fiscales son inexistentes o no coinciden con los registrados, y a las cuales se destinaron 475 millones de pesos por conceptos poco claros o incoherentes con la actividad reportada por las supuestas empresas. Por este asunto, la Fiscalía General del Estado, receptora inicial de las denuncias, ha dicho que ha entrevistado a unas 50 personas hasta el momento, y la fiscalía especial ha comentado que retomará la investigación en donde se quedó.
Respecto a las retenciones de ajustes de participaciones federales a los municipios, tampoco se trata de un tema nuevo. Quien primero levantó la voz para denunciar la omisión del Gobierno estatal en la entrega de los recursos fue el exalcalde de Saltillo, Isidro López, en 2017, situación que derivó en un duro enfrentamiento con el exgobernador Rubén Moreira. Pero los ayuntamientos del mismo partido, entre ellos el de Torreón, guardaron silencio o negaron la existencia del adeudo. La semana pasada, la auditoría estatal confirmó la existencia de la retención indebida, por la que podrían derivarse responsabilidades administrativas, e incluso penales, por un monto cercano a los 400 millones de pesos. El opositor PAN, que está en posibilidades de construir una mayoría en el Congreso local, ha anunciado que presentará denuncias por el caso, mientras que el gobierno de Miguel Riquelme debe saldar el adeudo y sus intereses con los municipios.
A estas alturas resulta obvio que las consecuencias del Moreirato forman parte de los principales problemas y desafíos que enfrenta el gobernador Riquelme, quien guarda vínculos con ambos hermanos, puesto que ocupó cargos en los dos gobiernos estatales anteriores. En el caso de Humberto y Rubén, a pesar del evidente distanciamiento manifestado desde el principio del sexenio pasado, se estableció un pacto de valores entendidos merced a los lazos de sangre, pero sobre todo a la participación que tuvo el segundo en la administración del primero como principal operador político del Estado, ya sea desde el Comité Directivo Estatal del PRI o desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Hoy, el gobernador Miguel Riquelme, con el vínculo político como única ,pero fuerte atadura y con un priismo y morerismo en decadencia, pero aún dando coletazos, tendrá que decidir entre extender el pacto de valores entendidos y lidiar con los saldos de sus antecesores sin fincar responsabilidades, lo cual pudiera comprometer su gobierno seriamente, o pintar raya frente a sus antiguos jefes para, ahora sí, comenzar a escribir su propia historia. En ese sentido, los tres asuntos mencionados son un lastre a la vez que una oportunidad. ¿Qué ruta tomará el mandatario estatal: la de la conveniencia política o la del compromiso con los ciudadanos?
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