'La diversidad sexual fue catalogada por las FARC como un comportamiento prohibido y por ello el grupo ilegal emprendió un castigos para frenarlo', dijo Riveros en una rueda de prensa en Bogotá. (ARCHIVO)
La antigua guerrilla de las FARC no aceptaba el homosexualismo en sus filas y por ello lo castigaba con sanciones como no dejar que esas personas ocuparan cargos de responsabilidad dentro de la organización, reveló hoy la Fiscalía colombiana.
La vice fiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes sobre violencia de género cometida por miembros de las FARC y agentes del Estado durante el conflicto armado, que incluyen más de 1.080 investigaciones que involucran a 1.246 víctimas.
"La diversidad sexual fue catalogada por las FARC como un comportamiento prohibido y por ello el grupo ilegal emprendió un castigos para frenarlo", dijo Riveros en una rueda de prensa en Bogotá.
La JEP es el organismo de justicia creado por el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, cuyo principal objetivo es obtener la verdad sobre los hechos a nivel nacional y evitar su repetición.
La vicefiscal Riveros añadió que "entre las sanciones se encontraban la pérdida temporal o definitiva del derecho a ocupar un cargo de responsabilidad u obligación".
En los hallazgos realizados, añadió la vicefiscal, se tienen registros de las hojas de vida guerrilleras en las que "con términos despectivos se referían a los hombres, mujeres, que se identificaban como homosexuales dentro de sus filas".
La funcionaria recordó que ya han entregado varios informes a la JEP.
El primero fue el inventario de casos relacionados con el conflicto armado; el segundo, "retenciones" ilegales por parte de las FARC; y el tercero fue la victimización a miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica por parte del Estado.
El cuarto fue el informe sobre la victimización y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de la desmovilizada FARC; y el quinto, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por parte de agentes del Estado.
