Unidas. Las españolas han alzado sus voces para evidenciar los casos de violaciones y de como se acusa a las víctimas. (EFE)
En España se produce una denuncia de violación cada seis horas aproximadamente, según el último balance del primer semestre de 2018 que hizo público el Ministerio del Interior.
Entre enero y junio de este año, las mujeres denunciaron un total de 788 agresiones sexuales con penetración, lo que implica un incremento del 28. 5 % en relación al mismo periodo de 2017.
Las denuncias sobre otros tipos de violencia sexual también aumentaron casi un 13 por ciento, al pasar de las 5.083 denuncias en el primer semestre del año pasado a las 5.731 en el mismo tramo de 2018.
"A pesar del incremento del número de denuncias apenas conocemos la punta del iceberg del fenómeno de las agresiones sexuales, ya que sólo se notifican el 30% de las violaciones reales que se producen", señala a EL UNIVERSAL Yolanda Besteiro, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de España, que reconoce no obstante que se está consiguiendo que se denuncien en mayor medida los casos más graves.
"Vivimos en una sociedad con cultura de la violación. Si se produce una agresión es porque la mujer no ha sabido defenderse, o se ha metido en sitios inadecuados a determinadas horas, o porque viste de cierta forma. Hay que hacer responsables a los verdaderos culpables y cambiar una cultura que tiende a minimizar y justificar la violación, poniendo el acento en las mujeres en lugar de ponerlo en el agresor", agrega Besteiro.
El Ministerio del Interior elabora el informe sobre agresiones sexuales y otros delitos con los datos facilitados por los distintos cuerpos policiales de las comunidades autónomas españolas y la Guardia Civil (policía militarizada).
A finales de 2017, Amnistía Internacional (AI) señalaba que España seguía sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual.
La organización humanitaria alertaba de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de las víctimas de violencia de género en el proceso judicial.
