A escasos meses de concluir la administración de Enrique Peña Nieto y en medio de los foros de pacificación impulsados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos de Estados Unidos y México hicieron la semana pasada un anuncio que hasta el momento no se le ha dado la suficiente importancia, tal vez por los múltiples temas y frentes que ha abierto el futuro mandatario en este largo proceso de transición.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron la creación del Plan de Acción de Chicago, un esfuerzo institucional binacional para combatir a los cárteles del narcotráfico a ambos lados de la frontera más dinámica del mundo. De acuerdo a lo mencionado en la presentación del grupo coordinado, que tendrá su sede en Chicago, Illinois, destaca que el objetivo principal será atacar todos los eslabones del negocio de la droga, especialmente sus finanzas.
El anuncio sorprende porque representa en principio el reconocimiento conjunto de ambos países de que comparten un mismo problema: el creciente negocio del narco. Estados Unidos sufre una de las peores epidemias por consumo de droga en su historia, mientras que México padece la peor ola de violencia en su historia reciente, desencadenada principalmente por la disputa territorial de los cárteles. Pero sorprende también porque por primera vez ambos gobiernos acuerdan dar el golpe en donde más le duele a los grupos del hampa: las redes financieras.
Esto último implica que, en teoría, serán atacadas las fuentes de financiamiento y las redes de lavado de dinero que durante años han servido a los cárteles para operar a sus anchas en los dos lados de la frontera. Ya no es ningún secreto que incluso existen bancos debidamente establecidos que buena parte de sus ganancias las obtienen permitiendo el ingreso del dinero sucio al sistema financiero internacional, lo que da la oportunidad a grupos criminales y terroristas de desplegar sus tentáculos más allá de sus lugares de origen o control.
Pero el anuncio también resulta sorpresivo por otras razones. En primer lugar porque se da en el contexto de una serie de desencuentros entre los gobiernos de Estados Unidos y México por temas como migración y libre comercio. En segundo, porque parece ser un relanzamiento de la guerra contra el narco cuando el gobierno en ciernes de López Obrador ha planteado la posibilidad de establecer una amnistía con matices para algunos involucrados en la cadena del crimen. Algunos analistas han advertido que el lanzamiento de la iniciativa conjunta bien pudiera significar un golpe en la mesa del gobierno de Donald Trump sobre el tema y una carta de negociación con la nueva administración mexicana respecto al asunto de la seguridad.
Más allá de esto, hay otro aspecto que sorprende del anuncio: que no se haya tocado la necesidad de que el gobierno estadounidense establezca un mayor control en la venta de armas, un aspecto fundamental para disminuir la violencia en México. Porque si, como dicen de aquel lado, ciudadanos estadounidenses están muriendo por la droga que les llega de este lado, de este lado ciudadanos mexicanos están muriendo por las armas que llegan de aquel lado, producto de la venta de la misma droga. Así se alimenta el círculo de la narcoviolencia.
