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Cómo evaluar las acciones de gobierno

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MIGUEL FRANCISCO CRESPO ALVARADO

La discrepancia de apreciaciones que suele haber entre gobernantes y la ciudadanía obedece, al menos de manera parcial, a la falta de indicadores claros que permitan evaluar el desempeño de quienes ocupan los cargos públicos. Lo habitual es que basemos nuestros juicios en meras suposiciones sin tener parámetros claros que no dependan de lo que nos gusta o nos interesa en lo particular.

No hace demasiado tiempo, la opinión, incluso la experta, era considerada la forma menos deseable de aproximarse a la verdad. Hoy, en cambio, reina por doquier, sin que se distinga incluso la voz de la que procede el comentario: todas las opiniones son igual de valiosas y todo se reduce a mera opinión. Por eso, cada parte ofrece su versión y la defiende como si se tratara de la verdad misma.

Es urgente que se establezcan y difundan indicadores clave para la evaluación del desempeño gubernamental que, además, sean alimentados con datos fidedignos y administrados por organismos autónomos de carácter ciudadano. Existen ya algunos intentos en nuestro país, como los semáforos delictivos y los de desempeño económico que se publican bajo la rúbrica "México cómo vamos".

No obstante, no se ha generalizado el hábito por acudir a esos indicadores -o, a otros por el estilo- antes de que se emitan opiniones. Además, es cada vez más extraña la exigencia de evidencias que respalden lo dicho, lo que hace que no se trabaje en la identificación de otros indicadores que harían falta para tener un panorama más objetivo de cómo se están desempeñando los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, así como los tres poderes que los conforman.

Entiendo que hay datos que hablan por sí mismos, como el de la Procuraduría General de la República que en 8 años sólo ha conseguido dos sentencias condenatorias de los aproximadamente 400 casos de homicidio que ha investigado. Pero, hay otros muchos otros que requieren de comparaciones con parámetros previamente determinados para que puedan ser valorados con justicia. ¿Cómo saber, por ejemplo, que la cantidad que está pagando un gobierno a un asesor es adecuada? ¿Cómo evaluar, además, el desempeño de ese asesor?

Es importante aclarar que, la idea, no es saturarnos con indicadores. No se trata de desviar la atención de las tareas que son sustanciales para, entonces, dedicarnos a controlarlo todo. De lo que sí se trata es de encontrar parámetros fácilmente observables y comprensibles que eliminen todo el ruido que hay en torno a la gestión pública.

A unos meses de arrancar un gobierno federal que será encabezado por alguien que desata tantas pasiones encontradas, ojalá y logremos identificar esos indicadores que nos permitan juzgar su desempeño más allá de nuestras emociones e intereses; de lo contrario, viviremos en un muy acalorado e infructífero debate, en el que se atacará y defenderá sin razón: sólo por el derecho de opinar, aunque sea cualquier tontería.

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