Costoso. El pago a los extrabajadores le costará al Municipio más de 145 millones de pesos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La alcaldesa María Luisa González Achem, aseguró que ya ha tocado puertas y las seguirá tocando ante el Gobierno del Estado de Durango en relación con el tema de los extrabajadores municipales de Lerdo que ganaron un laudo laboral, mismo que costará a la Administración más de 145 millones de pesos para resolverlo.
Lo anterior porque hace días, la coordinadora del Gabinete de Gobierno del Estado de Durango, Rosario Castro Lozano declaró que la alcaldesa de Lerdo debería acercarse a solicitar apoyo a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para tratar de resolver el conflicto del pago a los extrabajadores panistas que fueron despedidos hace varias administraciones.
Castro Lozano dijo que al ser un conflicto de orden socioeconómico y laboral que tiene la alcaldía con los extrabajadores y que representan dos posiciones diferentes, la Secretaría de Gobierno, por una parte, tiene la capacidad de abordar temas de política interior en gobernabilidad; mientras que, por otro lado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede mediar la situación entre ambas partes.
Ante dichas recomendaciones, la alcaldesa comentó que el tema del laudo laboral ya ha sido tratado con muchas de las autoridades estatales e incluso federales, y recordó que también solicitó el apoyo del gobernador José Rosas Aispuro.
"Lo he solicitado porque es mi gobernador, es al que más molesto y voy a seguir solicitando, yo he tocado puertas y gestionado, y ahora que entre el nuevo presidente, (Andrés Manuel López Obrador) también con él voy a gestionar y no me cansaré de hacerlo", dijo la presidenta municipal.
Extrabajadores
Tardó 10 años la demanda laboral para resolverse:
⇒ Hay extrabajadores que se beneficiarán con 300 mil pesos, otros con cuatro millones de pesos.
⇒ En el caso del laudo laboral, la última resolución dictada por la SCJN en marzo no favoreció al Ayuntamiento en cuanto al último recurso interpuesto por la presidencia en octubre de 2017 para dejar sin efecto un laudo dictado en el año 2015 por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en Durango, mismo que desde entonces ya favorecía a los extrabajadores.
